El Senado aprobó una reforma que castiga con hasta cinco años de prisión y multa que puede ascender a más de un millón de pesos a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento oficial de instituciones públicas federales, estatales o municipales para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra …
