Hay un refrán conocido que dice que, si algo camina como pato, grazna como pato y parece pato, lo más seguro es que sea un pato. En México, sin embargo, este tipo de lógica elemental no siempre aplica cuando de por medio está la política o, mejor dicho, los políticos.
El miércoles pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un medio de impugnación cuyo objetivo era determinar si era procedente obligar al Instituto Nacional Electoral a investigar los procesos de designación de los llamados "coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional", la figura con la que Morena ha ido nombrando, estado por estado, a quienes todo apunta serán sus candidatos a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027. El proceso no ha sido una elección interna abierta ni sujeta a reglas de un proceso electoral formal, sino designaciones hechas por la dirigencia nacional del partido y anunciadas, entidad por entidad, en actos públicos con amplia cobertura mediática. Movimiento Ciudadano denunció que, detrás de ese ropaje de "asuntos internos", se escondían verdaderos actos anticipados de campaña.
Conviene recordar por qué la ley prohíbe estos actos anticipados de campaña y acorta los calendarios electorales. No es un capricho, se busca un clima electoral sano, que no contamine por periodos excesivamente largos la actividad del sector público ni del privado; se busca también evitar que los procesos electorales se encarezcan en demasía, y que los partidos no tengan la tentación de recurrir a financiamientos ilegales o fuera de norma para sostener campañas que, formalmente, todavía no existen.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE ya se había lavado las manos pues, desde el 7 de septiembre pasado, alegó que el asunto correspondía a los organismos electorales locales de cada estado, no al ámbito nacional. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso revertir ese criterio, argumentando que se trataba de una estrategia nacional, implementada desde el Consejo Nacional de Morena, ejecutada después en distintas entidades, y que por tanto el INE debía conocer el asunto de manera integral. Sus cuatro colegas de la Sala Superior no coincidieron, y el proyecto se desechó por cuatro votos contra uno. El asunto, entonces, se queda fragmentado entre organismos electorales estatales, exactamente como pretendía la defensa de Morena. No es, además, la primera vez que este mismo tribunal falla en el mismo sentido, hace apenas unas semanas, la propia Sala Superior ya había validado que la sesión del Consejo Nacional de Morena en la que se anunció este proceso no constituía, por sí misma, un acto anticipado de campaña.
Cuesta trabajo no ver, en esta reiterada disposición a mirar hacia otro lado, algo más que una simple interpretación jurídica. Como ha dicho López Obrador hasta el cansancio, amor con amor se paga y esta Sala Superior, integrada en buena medida gracias a una elección judicial que el propio movimiento en el poder impulsó y respaldó mediante el uso del acordeón, parece estar pagando con esa misma moneda. El pato sigue caminando, graznando y pareciendo pato. Solo que, en esta Sala Superior, prefieren voltear hacia otro lado con tal de no verlo.
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