En México, tener un problema jurídico es costoso, cuesta contratar un abogado, sostener un juicio, pagar peritajes, trasladarse y, muchas veces, simplemente entender un sistema construido con un lenguaje que excluye a quien no pertenece a él.
Formalmente, quienes estudiamos Derecho cumplimos con un servicio social, pero una cosa es cubrir horas como requisito para obtener un título y otra muy distinta construir una verdadera cultura de servicio.
En otras profesiones esa responsabilidad parece más clara, estamos acostumbrados a ver médicos realizando servicio social en hospitales y comunidades donde más se les necesita. ¿Por qué no hemos construido algo semejante desde la abogacía?
El acceso a la justicia sigue estando profundamente condicionado por el dinero. Para una persona con recursos, enfrentar un proceso puede ser complicado, para alguien sin ellos, puede significar perderlo todo.
Las cárceles mexicanas muestran con claridad esta desigualdad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, 60.7% de las personas que contaron con un defensor privado señalaron que éste presentó elementos para demostrar su inocencia, entre quienes tuvieron defensor de oficio, el porcentaje fue de 27.2%.
Cuando se preguntó si su abogado había refutado las pruebas presentadas en su contra, 56.9% de quienes tuvieron defensa privada respondieron afirmativamente, frente a 26.7% de quienes tuvieron defensa de oficio.
No menciono estos datos para descalificar a las defensoras y defensores públicos, existen extraordinarios abogados dentro de las instituciones que trabajan en condiciones muy difíciles.
El problema es estructural, quien tiene recursos puede buscar otra defensa, pedir una segunda opinión, contratar especialistas o pagar peritos, quien no los tiene depende de lo que el sistema pueda ofrecerle.
Por eso me pregunto: ¿qué pasaría si los abogados entendiéramos el servicio jurídico gratuito como una parte natural de nuestra profesión? No como caridad, no como una actividad ocasional y mucho menos como una fotografía para un informe de responsabilidad social.
Que lo asumiéramos como una responsabilidad profesional ¿Qué pasaría si cada abogado asumiera algunos asuntos gratuitos al año? ¿Si los grandes despachos destinaran una parte de sus horas a casos pro bono? ¿Si las facultades de Derecho tuvieran verdaderas clínicas jurídicas donde estudiantes, acompañados por profesores y abogados experimentados, atendieran casos reales?
Durante años de ejercicio profesional he confirmado algo: existen personas que podrían recuperar su libertad, recibir un tratamiento médico, defender la educación de sus hijos o hacer valer sus derechos si tuvieran a alguien dispuesto a acompañarlas jurídicamente, el derecho existe, lo que muchas veces no existe es el dinero para defenderlo.
Perteneces, la organización que dirijo, nació precisamente para intentar cerrar esa distancia, comenzamos acompañando gratuitamente a personas privadas de la libertad que no podían pagar una defensa, después llegaron casos relacionados con salud, educación, libertad de expresión y otros derechos.
Los problemas son distintos, pero detrás de muchos aparece la misma pregunta:
¿De qué sirve tener un derecho si no tienes cómo defenderlo? No propongo que dejemos de cobrar por nuestro trabajo, la abogacía es una profesión y quienes la ejercemos tenemos derecho a vivir dignamente de ella.
Propongo que entendamos que una parte de nuestro conocimiento también debe ponerse al servicio de quienes nunca podrían pagarlo, México tiene miles de abogados preparados, universidades, facultades, barras, colegios y despachos jurídicos de enorme nivel, tenemos talento jurídico de sobra.
Quizá ha llegado el momento de construir un verdadero servicio social de la abogacía: uno que no termine cuando recibimos el título, que cada abogado asuma asuntos gratuitos, que cada despacho tenga compromisos pro bono medibles, que las facultades atiendan casos reales y, que el servicio social sea también una medida de excelencia profesional.
No resolveríamos todos los problemas del sistema de justicia, pero miles de personas dejarían de enfrentarlo solas, porque mientras una buena defensa dependa del dinero que una persona pueda pagar, será difícil hablar de verdadera igualdad ante la ley.
La justicia no debería ser un privilegio y, mientras lo siga siendo, la abogacía le seguirá quedando a deber a México.
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