Morena aparenta ser un partido que trabaja con normalidad, a pesar de algunos señalamientos “sin pruebas” de cierta oficina en Nueva York o publicaciones que “carecen de fundamento”.
Los nervios consumen a varios de sus más altos dirigentes y figuras fundadoras del partido. No hay tal normalidad.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza, no asiste a la Cámara y le pagan su salario “por fuera” pues tiene las cuentas congeladas y la justicia de Estados Unidos lo requiere por narcotráfico.
Alfonso Durazo, presidente del máximo órgano de Morena y gobernador del estado fronterizo de Sonora, es investigado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado, de acuerdo con Los Angeles Times.
El New York Times publicó que el presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora pasó a ser informante de Estados Unidos en las investigaciones sobre narcopolítica en México.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, pidió licencia temporal al cargo a fin de desaparecer de la mirada pública, pues el gobierno de EU solicitó su arresto para, una vez detenido, entregar las pruebas necesarias al gobierno mexicano y ser extraditado a Nueva York, donde tendrá un juicio.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, está en pláticas con agencias de Estados Unidos, vía un despacho de abogados que lleva casos delicados, para arreglar su situación jurídica en el vecino país, al que no puede entrar.
Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, era el presidente de Morena cuando ese partido utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar a fin de dispersar millones de pesos en “apoyos sociales”, mediante un convenio que venció el 28 de junio de 2024.
Nada de eso fue reportado al INE.
Delgado sostenía una estrecha relación con el rey del huachicol, que financió con dinero ilegal las campañas de Morena en el norte del país, de acuerdo con lo revelado por el consejero Jurídico de López Obrador, Julio Scherer Ibarra.
El gobernador de otro estado fronterizo, Américo Villarreal, de Tamaulipas, es señalado por agencias del gobierno de Estados Unidos como un socio de la delincuencia organizada internacional.
Los periodistas Raymundo Riva Palacio y Roberto Rock dieron a conocer, por separado, que el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, ya es testigo, o informante, del gobierno de EU en las investigaciones de narcopolítica en México.
Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación con López Obrador y actual senador de Morena ya es informante de Estados Unidos, por lo mucho que sabe y lo involucrado que podría estar en la telaraña de narco, extorsión y política, tejida por su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, jefe del cártel de "La Barredora".
El exlíder morenista en el Senado evita al máximo aparecer en público, para evitar preguntas incómodas de los periodistas.
Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el reporte que hizo público el martes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) controla el huachicol en México, y parte del dinero que obtiene lo usa para financiar campañas e imponer a políticos que estarán a su servicio.
Ayer la presidenta Sheinbaum dijo al respecto que, “cuando le pedimos al Departamento del Tesoro las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en este proceso, sólo enviaron dos páginas y sin pruebas”.
¿Por qué será que en Estados Unidos no confían en las actuales autoridades políticas mexicanas?
En Morena simulan tranquilidad, pero saben que se les viene el mundo encima a sus más altos dirigentes y figuras fundadoras del partido.
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