La creciente práctica de autoridades estatales de entablar vínculos operativos con agencias extranjeras de inteligencia —con especial atención a agencias de Estados Unidos— plantea una tensión constitucional que merece análisis riguroso. Más allá de la urgencia operativa que suelen alegar las procuradurías y cuerpos policiales locales, la colaboración internacional en materia de inteligencia tiene implicaciones que traspasan el ámbito técnico y tocan el núcleo de la soberanía y la conducción de la política exterior establecida por el pacto federal. El …