México, 29 de abril, dos noticias que parecen ocurrir en países distintos. Y, sin embargo, acontecen en el mismo.
De un lado, Chihuahua. Entre el 17 y el 19 de abril, un operativo de la fiscalía estatal desmanteló en la sierra un laboratorio de drogas sintéticas de proporciones importantes: miles de dosis de metanfetamina que ya no llegarán a las calles —ni de México ni de Estados Unidos—. Eso es un golpe real al crimen organizado. La operación, sin embargo, dejó un saldo trágico y una controversia política: en un accidente murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos norteamericanos que, según las investigaciones preliminares, habían compartido información extraoficial con las autoridades locales fuera de los protocolos formales de cooperación bilateral. La respuesta institucional ha sido la que corresponde a un gobierno serio: la gobernadora ordena una investigación; el fiscal general del estado asume la responsabilidad política por lo que no debió haber sucedido bajo su mando. Que un funcionario pague con su cargo cuando su equipo falla es ética de responsabilidad: el opuesto exacto a la cultura de impunidad política que se escuda en las aritméticas del poder. El Senado de Morena, con la soberbia de las manos desatadas, montó un linchamiento contra la gobernadora: "entreguismo", "desacato político-parlamentario", "violación a la soberanía". Como si destruir un narcolaboratorio y combatir a los criminales fuera un delito.
Del otro lado, Sinaloa. 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya, a un senador en ejercicio, al alcalde de Culiacán y a otros altos funcionarios o exfuncionarios estatales, por asociarse con el crimen organizado para inundar el mercado norteamericano de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. La acusación sostiene algo más grave todavía: que el cártel impulsó su ascenso al poder mediante el robo de urnas, la intimidación armada en las casillas y el secuestro de candidatos opositores, y que, ya en el cargo, Rocha entregó como contraprestación el control efectivo del aparato estatal de seguridad —fiscalía, Policía Investigadora, Policía Estatal—, cuyos mandos cobraron sobornos mensuales del cártel. La fiscalía describe de cuerpo entero una realidad espeluznante: Sinaloa funciona como un Estado criminal. Un botón de muestra: en octubre de 2023, un comandante de la Policía Municipal de Culiacán, hoy imputado, entregó a sicarios a un informante de la DEA y a sus familiares —incluido un menor de 13 años— para que fueran torturados y asesinados.
Aquí está, en su versión más cruda, la fractura mexicana. No es entre ideologías ni entre distintas sensibilidades políticas que compiten por el poder: es entre dos maneras de concebir el bien y el mal, lo justo e injusto, lo correcto y lo despreciable.
Una entiende que el monopolio legítimo de la violencia sólo se sostiene si se golpea al crimen con toda la fuerza institucional, se coopera sin complejos con quien comparta esa misión y se asume la responsabilidad cuando algo falla.
La otra invoca la soberanía como coartada: para no investigar a los suyos, para enterrar crímenes, para no rendir cuentas. Cuando un gobernador acusado por una fiscalía extranjera de pactar con un cártel designado como organización terrorista responde con un comunicado de rechazo, permanece en su cargo y la coalición gobernante lo defiende, el sistema no funciona: el Estado ha sido finalmente capturado.
Sin duda, la corrupción del crimen organizado que ha penetrado al Estado es una metástasis de larga data. Pero la acusación de Estados Unidos reconstruye conductas que no solo revelan la normalización de la extracción de rentas, lícitas e ilícitas, por parte del crimen organizado, sino también una situación de putrefacción escandalosa: el pacto electoral para falsificar la voluntad popular, el pacto deliberado que entrega la autoridad a los delincuentes, el pacto mafioso que reparte el dinero ensangrentado.
Que Morena se ensañe con una gobernadora que destruye laboratorios y rinde cuentas, mientras defiende o calla ante una imputación formal contra un gobernador de su partido por asociarse con el cártel más letal del continente, no es incoherencia, es la revelación más plástica de que la coalición gobernante eligió su bando hace tiempo: la narcopolítica. Lo que falta es que el resto del país elija el suyo.
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