Hay un barco enorme, viejo y muy querido. Se llama IMSS y lleva a bordo a setenta y siete millones de mexicanos, entre trabajadores asegurados y sus familias. Cuando falla, no falla en abstracto: falla en la fila de la farmacia, en la quimioterapia que no llega, en el quirófano que se aplaza.
Y cruje en demasiados sitios. Conviene decirlo sin eufemismos, pues en Palacio Nacional ya sobran.
En la consulta del día 14, los trabajadores rechazaron el aumento que negociaron el instituto y su sindicato: 6.8 por ciento, de los cuales solo 2.9 corresponde al salario; el resto, a prestaciones. Piden 10. Han bloqueado avenidas. Algunos tiraron la puerta de su propio sindicato. Marchan, dicen, por turnos, para no desatender a los pacientes. Quien conoce un hospital sabe lo que significa eso.
La presidenta reconoció que las demandas son legítimas. Dos días después ya reparaba en quién marchaba al lado y calificaba de oportunista la presencia de dirigentes del PT, aliado de su propio gobierno. Miles de enfermeras y médicos salen a la calle, y la mirada oficial se desvía hacia sus acompañantes.
Luego vino el catálogo de explicaciones. Primero, que no hay una crisis generalizada, sino algún que otro problema. Después, que no falta dinero, sino que sobra burocracia. Más tarde, que los proveedores incumplen. Y esta semana, que hay quien roba medicinas para venderlas en la puerta del hospital. Todo puede ser cierto. Pero quien manda desde hace años no puede ir de explicación en explicación, buscando culpables en proveedores, en trámites, en quien sea, mientras el casco hace agua.
Las cifras tampoco ayudan. En agosto, el subsecretario Clark habló de un 98 por ciento de recetas surtidas; el 10 de octubre, el director del IMSS, de un 94 por ciento de abasto. Y la plataforma oficial de monitoreo ha llegado a mostrar apenas un 70 por ciento de piezas entregadas por los proveedores. Miden cosas distintas, nos explican. Seguro. Pero el enfermo que sale sin su medicina no distingue de denominadores.
Hay más. En 2025 le endosaron al IMSS los hospitales de Coplamar sin recursos federales adicionales, según Expansión. El propio instituto calcula que sus ingresos cubren las obligaciones hasta 2031, y la prensa económica estima que el seguro médico cerrará este año con un déficit de unos 175 mil millones. Pues bien: el 17 de octubre la presidenta aseguró que no falta el recurso económico. Tres días después pidió buscar dónde recortar gastos para pagar el aumento. Si no falta dinero, ¿qué hay que recortar? Y si hay que recortar para pagar el aumento, ¿cuánto falta?
Y están los de la pandemia. Algunos de quienes atendieron el Covid siguen sin contrato definitivo. Seis años después, para ellos el aplauso sigue siendo el único contrato.
Al frente sigue, desde 2019, el mismo director. Dio por bueno un paquete que la base rechazó. La presidenta ni confirmó ni negó su salida un sábado y la descartó el lunes; el martes hubo que justificar, en la mañanera, su ausencia. Eso no es respaldo: es navegación a ojo e improvisada.
Nada de esto nace hoy, claro. Los males del sistema de salud vienen de lejos y nadie serio lo niega. Pero este gobierno lleva años mandando, ha reformado el sistema a su manera y presume de inversión y de hospitales nuevos. Y cuando llega la factura, esquiva, matiza y mira quién va en la marcha.
En un barco así, el capitán no pregunta quién ha subido a cubierta a protestar. Pregunta por qué entra el agua. Y la respuesta no está en ninguna mañanera: está en la sentina, donde nadie quiere bajar con la luz encendida.
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