Conviene empezar por lo aburrido, porque sin ello lo divertido no se entiende. Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias son el reglamento que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentó el 24 de julio de 2026, para darle por fin mecanismo a un derecho que la ley reconoce desde 2014 y que hasta hoy había vivido, como tantas cosas en este país, solamente en el papel. Prometen que la audiencia reciba información veraz, que se distinga la noticia de la opinión y el contenido periodístico de la publicidad disfrazada. Para lograrlo, obligan a cada canal a tener un código de ética y una persona defensora de audiencias, que recibe quejas en un plazo de siete días y puede escalarlas a la propia comisión si el medio no corrige. Está en consulta pública hasta el 21 de agosto. Dicho esto, entremos en materia.
El diseño exhibe ese cinismo de manual que solo perfecciona quien lleva años en el oficio: convertir al vigilado en juez de su propia causa, y bautizar la argucia, sin pestañear, como "protección de derechos". El defensor lo designa el canal al que debe vigilar, lo cual es como pedirle al lobo que audite el corral y presentarlo después como un logro de la ganadería moderna. Si el corderito no queda satisfecho, puede apelar ante la comisión —la misma que redactó el reglamento—, en un ejercicio de justicia circular que recuerda menos a un tribunal que a esos juegos de mesa donde siempre se vuelve a la casilla de salida.
Lo interesante, lo verdaderamente digno de mención, es que ni siquiera la industria regulada se traga el argumento entero. La CIRT, que agrupa a mil 200 estaciones y que llevaba meses pidiendo justo esta regulación, leyó la letra pequeña del "recurso de inconformidad" y descubrió que el gobierno podrá revisar cualquier resolución del defensor, decidiendo en última instancia qué contenido informativo se transmite y cuál se archiva. Cuando el propio interesado en que la ley exista advierte que la ley, tal como está redactada, puede volverse contra él, lo prudente no es acusarlo de sembrar desinformación —como hizo la Consejería Jurídica de Presidencia—; lo prudente es leer el artículo dos veces, despacio, con lápiz.
Sobre la palabra "veraz" no hace falta extenderse: nadie, ni el regulador más déspota de la historia, se ha declarado enemigo de la verdad. Todos la invocan. La pregunta de siempre no es esa, sino quién tiene la llave para decidir, contenido por contenido, dónde empieza a faltar. Entregar esa llave a un funcionario nombrado por el Ejecutivo no es una garantía: es, con matices de vestuario, la censura de toda la vida, ahora tramitada con formulario y sello digital.
Las multas —hasta 1 por ciento de los ingresos anuales— completan el cuadro con la frialdad de un contador: no hace falta prohibir nada cuando basta con encarecer el error hasta volverlo insensato. Mil 400 comentarios lleva la consulta, siete de cada diez en contra, y el texto sigue abierto. Ojalá alguien, antes del 21 de agosto, se anime a leerlo con la misma atención con que lo escribió.
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