En alguna de mis primeras colaboraciones en este espacio planteé una pregunta: ¿para qué quiere Sheinbaum tanto poder? La formulé cuando las reformas constitucionales comenzaron a transferir a la presidenta el control de instituciones que construimos durante casi tres décadas para equilibrar el poder presidencial y limitar sus excesos.
Desde entonces, hemos constatado que esa acumulación no necesariamente se ha traducido en capacidad o voluntad para gobernar. La prioridad política se ha enfocado en modificar reglas, desaparecer o reconfigurar instituciones y disolver contrapesos, mientras van quedando enterradas la transparencia y la rendición de cuentas.
Las diatribas cotidianas desde el poder contra cualquier crítica han sido eficaces para polarizar, dividir y alimentar el resentimiento y el temor. Pero el ruido político no resuelve problemas ni sustituye la obligación de entregar resultados.
Gobernar, en cambio, significa administrar recursos para resolver problemas y garantizar servicios públicos de calidad; mantener y acrecentar la infraestructura; vigilar y sancionar el ejercicio de los cargos públicos. Es decir, proteger las condiciones para una convivencia social segura y armónica. No basta con anunciar programas, inaugurar obras o atribuir al pasado los problemas del presente.
Las movilizaciones del personal del sector salud durante octubre confirman la distancia entre el discurso y la realidad. Las denuncias sobre condiciones laborales, falta de insumos y mantenimiento ponen en evidencia el fracaso de las decisiones tomadas. Evidencian que despreciaron la atención a millones de mexicanos.
En educación, la responsabilidad gubernamental no se cumple distribuyendo apoyos o reivindicando una orientación ideológica. Implica garantizar escuelas funcionales y contenidos para enseñar y preparar a las nuevas generaciones.
En la Ciudad de México, el Metro ofrece otro ejemplo y multitud de datos. Destaco información de su propia Gerencia de Obras y Mantenimiento: entre junio de 2025 y julio de 2026 las filtraciones y acumulaciones de agua provocaron interrupciones que sumaron 15 mil 740 minutos: casi once días de servicio. En julio de este año, cinco estaciones de la Línea A suspendieron operaciones durante cerca de siete horas por la acumulación de agua en las vías.
En abril, el sindicato del Metro denunció que 70% de los 391 trenes no había recibido mantenimiento general. En respuesta, las autoridades capitalinas anunciaron una asignación cercana a 50 mil millones de pesos para el Metro entre 2025 y 2026. Pero no hay semana sin “incidente” en alguna línea o estación.
Las carreteras inseguras y deterioradas tampoco son asuntos menores. Generan costos, ponen en riesgo a las personas y afectan la actividad económica. Su prevención requiere planeación, supervisión y presupuestos bien ejercidos.
Es cierto: el poder se ha ido concentrando por decreto. Pero la responsabilidad de quienes gobiernan, no se mide en la cantidad de instituciones que controlan y personas que atemorizan, sino en los resultados medibles que reciben sus gobernados. Y esos resultados no están siendo exitosos.
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