Una tragedia exhibe la desnudez de un Estado: no hay discursos, sin spots, ni encuestas favorables al momento de su aparición. Las tragedias no preguntan quién gobierna, revelan cómo se gobierna. Delatan si existen instituciones capaces de actuar, funcionarios capaces de coordinarse y gobiernos capaces de decir la verdad.
Por ello, la capacidad de los gobiernos no se mide cuando todo funciona. Se mide cuando deja de funcionar, cuando la propaganda no alcanza. Colombia enfrenta hoy una prueba que México conoce muy bien.
Colombia vive uno de esos momentos donde la política debiera guardar silencio, pero resulta inevitable hablar de ella porque la tragedia va dejando al descubierto las capacidades o limitaciones del Estado. El terremoto que golpeó al país este lunes dejó sorpresa y dolor y las cifras de fallecimientos, personas heridas, damnificadas y de daños estructurales, continuará aumentando. El desafío para el recién instalado gobierno colombiano trasciende las tareas de rescate y reconstrucción, lo reta a demostrar que puede administrar la emergencia con información veraz, coordinación institucional y transparencia, aun cuando el legado de su antecesor sea muy poco confiable.
Colombia merece ser apoyada. Necesita también ser observada con prudencia y responsabilidad, antes de recibir juicios dictados por convicciones ideológicas. En México sabemos que una tragedia puede convertirse en crisis política cuando el gobierno elige administrar primero la percepción y después la emergencia.
En septiembre de 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid rechazó inicialmente la ayuda internacional. La devastación que provocaron los sismos demostró lo contrario y la acción ciudadana rebasó la capacidad de respuesta oficial. El desgaste de la legitimidad fue evidente; la crisis política y el decrecimiento de la confianza en las instituciones exigió posteriores programas y reformas políticas para que el sistema priista lograra mantenerse al frente del país.
El huracán Otis, que devastó Acapulco en 2023, fue un golpe a la estrategia comunicativa del régimen morenista. El esquema propagandístico que había funcionado comenzó a debilitarse. No sirvió ignorar la realidad, negarla, minimizar el daño, ni victimizarse. El gobierno federal se vio obligado a movilizar personal y recursos para atender la tragedia, pero lo hizo como acostumbra: de manera discrecional y opaca. A la emergencia física, sumó la disputa por la información y la convirtió en territorio de confrontación en medio de las campañas electorales.
Solo la mezquindad procura convertir la tragedia en oportunidad para controlar el relato. Las catástrofes se vuelven pruebas para la responsabilidad pública.
Antes de cumplir una semana en el cargo, el presidente colombiano ha comenzado a revelarse como gobernante. Sabremos muy pronto si se suma a la tendencia populista de construir esa fantasía de relación líder-pueblo desmantelando intermediarios institucionales, experiencia y medios de comunicación, o si , al contrario, opta por fortalecer a las instituciones, escuchar a especialistas, respaldar a autoridades locales y rendir cuentas a la ciudadanía.
Después de que se hayan levantado los escombros y reconstruido ciudades y caminos, habrá otra tarea: averiguar la dimensión de la confianza social que dejaron el terremoto y los gobiernos en la población.
Porque, insisto, tempestades y terremotos revelan cómo somos gobernadas/os.
Recomendar Nota
