Los gobiernos de Morena lograron construir legitimidad utilizando la táctica populista de sustituir la verdad por la identidad. Es decir, convencer a sus gobernados de que la verdad depende de quién habla y a quién beneficia. Convertir la política en una disputa moral ha sido objetivo de su propaganda. Para consolidar la identidad colectiva que los sostiene necesitaron relatos que dividen y polarizan, que reinterpretan los hechos y los convierten en la muestra de que cualquier crítica o cuestionamiento solo son una prueba de la persecución contra su proyecto.
La reacción oficial de esta semana ilustra con mayor claridad este mecanismo. Ante la información sobre la posible existencia de investigaciones estadounidenses de vínculos entre autoridades y organizaciones criminales, la respuesta del gobierno no ha dado prioridad a esclarecer hechos y responsabilidades, sino se concentra en establecer y desacreditar las intenciones de quienes los difunden.
Sin embargo, la narrativa oficial muestra signos de desgaste. Cada vez está resultando más difícil mantener la versión de que toda información incómoda forma parte de una conspiración política. Las contradicciones oficiales se acumularon, las explicaciones se fueron modificando y las mentiras han quedado exhibidas. Más allá de los nombres que hoy protagonizan los escándalos, lo que ha sido expuesto es la magnitud del desastre institucional y ya no puede enfrentarse solamente con desacreditar al mensajero y reivindicar el eterno papel de víctima.
Por años, la propaganda de Morena fue suficiente para compensar el desmantelamiento institucional, el desvío de recursos públicos, los abusos y la corrupción. Pero la realidad está exigiendo más que narrativas, porque ningún relato puede continuar sustituyendo la necesidad de decisiones basadas en el Estado de derecho que frenen los abusos y delitos y prioricen la seguridad de la ciudadanía.
Además, mantener a la presidenta en el desgaste diario de su conferencia matutina podría convertirse en el mayor riesgo para su propia gestión. Parapetada tras frases de soberanía, la equivocada interpretación de la presunción de inocencia y los supuestos embates de una ultraderecha inexistente, Sheinbaum arrastra consigo a las mismas instituciones que la sustentan.
El costo de esta estrategia resulta inquietante. Cuando quien detenta el poder decide que la lealtad política merece mayor protección que la verdad, el mensaje para la nación es inequívoco: el Estado de derecho ha dejado de ser el límite a su ejercicio para convertirse en instrumento a su servicio. No es descabellado pensar que la confianza se verá afectada, que mercados y electorado pasarán sus propias facturas y que, en ese escenario, imaginar un país democrático, próspero, seguro y en paz se convierte en una aspiración lejana.
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