Hace un año entraron en funciones los jueces que fueron electos por votación.
Los daños que han causado son ya evidentes: 210 mil asuntos se encuentran en el limbo, lo que representa un rezago de 62.2%, aunque todavía no ocurre la degradación mayor, porque aún prevalecen funcionarios de carrera que compensan, de alguna manera, la improvisación de los recién llegados.
La disminución de la calidad es en todo el sistema de justicia, pero se puede apreciar, de manera penosa y nítida, en las discusiones en el Pleno de la Suprema Corte, donde destacan, por su falta de preparación, Lenia Batres y María Estela Ríos.
Es triste, y a la vez de un enorme riesgo, lo que está ocurriendo, porque los ministros son la última palabra en lo que se refiere a la interpretación de la Constitución.
El Poder Judicial, en estos momentos, es un escollo para la inversión, porque no existen garantías sobre su actuación, la cual puede ir desde consignas directas hasta toda clase de disparates.
La exministra Norma Piña Hernández, en una charla en la Escuela Libre de Derecho, señaló que faltan elementos para un análisis preciso, pero que hay focos rojos prendidos por todos lados.
Más allá de los discursos triunfalistas y de la resistencia para reconocer errores, desde Palacio Nacional se está operando para que Batres, la autollamada “ministra del pueblo”, no asuma la presidencia de la SCJN el próximo año, porque ya espantó a los empresarios y estos han manifestado sus inquietudes directamente a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.
Como en la Constitución dejaron una antinomia —es decir, dos artículos que se contradicen: uno que señala que el relevo en la presidencia de la Corte le corresponde al segundo lugar en votación y otro que indica que se define por la mayoría del pleno—, van a utilizar el que convenga y el que el panorama político permita.
Desde la Consejería Jurídica se estudian esquemas de preparación para los “jueces del acordeón”, porque hasta sus más entusiastas impulsores prevén el tsunami que está por llegar.
La reforma al Poder Judicial es, por mucho, el error más grave de la 4T y sus consecuencias ya dañan a su propio proyecto.
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