Derek Maltz colocó un video en su cuenta de X, realizado con inteligencia artificial, en el que se veía a Rubén Rocha Moya llegando a Estados Unidos custodiado por agentes de seguridad.
Maltz fue director de la DEA y viene insistiendo en la necesidad de que el gobernador con licencia indefinida sea extraditado para que rinda cuentas ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York.
El anhelo de Maltz no debe ser menospreciado, porque apunta la percepción de que, desde México, no se está haciendo lo suficiente para resolver el asunto.
En la DEA tienen motivos de sospecha y algunos de ellos son de carácter histórico, como el asesinato de Enrique Kiki Camarena, donde nunca han quedado satisfechos porque, en su óptica, no se avanzó respecto a los presuntos responsables desde el ámbito político.
Es un callejón sin salida, porque en la entonces PGR sí se realizaron las indagatorias que significaron detenciones y condenas, entre ellas las de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y de tres decenas de policías de distintas corporaciones, entre ellos el comandante Armando Pavón.
La podredumbre que destapó el caso llevó incluso a la disolución de la Dirección Federal de Seguridad.
Es decir, las consecuencias del asesinato por tortura contra el agente de la DEA y el piloto Alfredo Zavala, en 1985, tuvieron repercusiones profundas y tensaron las relaciones entre Los Pinos y la Casa Blanca al límite.
Hay diferencias, por supuesto, con lo que ahora ocurre, en particular con el espectro de las acusaciones, ya que se refieren al tráfico de fentanilo y al daño que ha causado al norte del Río Bravo.
En esa esfera se encuentra el contraste, ya que, respecto de la solicitud de extradición de Rocha Moya y nueve de sus cómplices, no hay avances significativos. Sin embargo, la detención de Fausto Corrales —quien atestiguó el asesinato de Melesio Cuén y el secuestro de Ismael El Mayo Zambada— puede significar un desenlace y aclarar los cabos sueltos; en particular, el que tiene que ver con el encubrimiento en el que participó la fiscalía del estado sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enemigo notorio de Rocha Moya. ¿A quién se estaba protegiendo?
Lo que ocurrió en la finca San Julián, en Huertos del Pedregal, en Culiacán, no forma parte del expediente de extradición, pero puede abrir una ventana para documentar y sancionar uno de los crímenes de mayor impacto en décadas.
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