En México, las autoridades exigen a la ciudadanía cumplir la ley. En seguridad pública, podrían comenzar por cumplir con las obligaciones que les corresponden. Profesionalización, protección de derechos y rendición de cuentas aparecen en las normas y, sin embargo, las carencias documentadas en las policías muestran lo lejos que estamos de convertir esos mandatos en un verdadero sistema de seguridad pública y en instituciones que funcionen.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además de protección de la dignidad y respeto a los derechos humanos. También dispone fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas. Son obligaciones que deben orientar decisiones, presupuestos, procedimientos y resultados verificables. El informe de Causa en Común, Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico, muestra la profundidad del rezago por lo que se refiere a estas corporaciones. Al momento de elaborarlo, sólo 17 policías estatales habían constituido formalmente un servicio profesional de carrera. En 21 entidades no se acreditaron catálogos de puestos actualizados con requisitos y procedimientos de promoción. En uso de la fuerza, sólo 11 policías estatales acreditaron protocolos y ninguna demostró cumplir con la obligación de elaborar un informe público anual.
La falta de documentación tampoco permite distinguir entre instrumentos inexistentes, procedimientos incumplidos e información que las corporaciones simplemente no entregan o lo hacen de manera incompleta. La opacidad dificulta incluso establecer cuántos policías tenemos. La precariedad laboral también muestra la distancia entre las obligaciones legales de desarrollo profesional y protección del personal, y las condiciones reales que las policías ofrecen. En 2024, más de la mitad de los policías municipales recibían menos de 15 mil pesos mensuales, mientras persistían jornadas extenuantes y omisiones en prestaciones básicas. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común documentó al menos 137 movilizaciones policiales, motivadas principalmente por abusos laborales y por reclamos asociados a salarios y prestaciones. A ello se suma la violencia homicida contra los agentes: entre octubre de 2024, cuando inició el actual gobierno, y el 22 de octubre de 2026, registramos al menos 674 agentes de seguridad pública asesinados.
La ley contiene una disposición que obliga a las instituciones a compartir y actualizar información objetiva y verificada. Además, excluye de la “reserva” (pretexto preferido para no brindar información), aquella información estadística requerida por el INEGI para los censos nacionales. Las consecuencias rebasan el problema estadístico. Sin información comparable resulta imposible identificar necesidades de personal y de capacitación, de equipamiento e infraestructura, distribuir recursos o evaluar la actuación policial. No cabe la suposición de que el gobierno entiende lo que hace; de hecho sobra evidencia de manipulaciones y vacíos informativos en todas las áreas de gobierno. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿El gobierno cuenta con información confiable o “diseñan” sus políticas a partir de sus propias omisiones y distorsiones?
Al final del día, publicar nuevas disposiciones sin garantizar recursos, su ejecución y seguimiento, prolonga y acrecienta una deuda institucional que los mexicanos seguimos pagando. Las autoridades, contrario a lo que hoy sucede, deben publicar diagnósticos comparables, identificar rezagos, asignar responsables y recursos, establecer plazos y reportar avances. También deben explicar los incumplimientos y corregirlos. La distancia entre las normas y las instituciones no es inevitable… a menos que la propaganda continúe como el distintivo de un gobierno que no gobierna.
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