Chetumal, QRoo.- En los últimos cinco años, Puerto Morelos, el municipio más joven, de mayor expectativa de crecimiento turístico de Quintana Roo y, su alcaldesa, Blanca Merari, han estado ligados a temas delicados.
De seguridad regional, Blanca Merari Tziu Muñoz, es una figura pública envuelta en tragedias. No olvidemos su incursión en política, a raíz del asesinato de su esposo, Ignacio Sánchez Cordero, en 2021.
El 24 de febrero de ese año, Sánchez Cordero, entonces secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia 23 de enero de esa localidad.
Ese día, renunciaría al cargo, iba por la alcaldía de su municipio, en la contienda electoral programada para el 6 de junio. Se trató de una agresión directa, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Nacho Sánchez Cordero era el aspirante fuerte por la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PT, Verde Ecologista y MAS, el más íntimo cercano a Laura Fernández Piña, la alcaldesa en turno.
Tras el homicidio, Blanca Merari, asumió la candidatura por la coalición liderada por el Verde Ecologista. Durante esa campaña, sufriría dos atentados armados directos, de los cuales salió ilesa.
Tiempo después, la fiscalía local, identificaría a Oscar "N", El 18, como autor intelectual del asesinato de Nacho y a Néstor "A" como el autor material, ambos, miembros de un cártel del noroeste mexicano.
La muerte de Ignacio Sánchez Cordero, que tuvo varios avisos, permitió que su viuda, Blanca Merari Tziu Muñoz, lo representara en los comicios de ese año y ganó holgadamente.
Un año después, el 26 de febrero de 2022, siendo ya alcaldesa de Puerto Morelos, a Blanca Merari, la volvió a sorprender la tragedia indirectamente, fueron asesinados su cuñado y su sobrino político.
Darío Sánchez Cordero, hermano de Ignacio, y su hijo menor de edad, junto con otra persona, murieron baleados en Puerto Morelos. Los agresores lograron escapar y hasta la fecha no se sabe quiénes son.
A Blanca Merari y redes de colaboradores, varias mantas los involucran con grupos delincuenciales, con acusaciones sin validez legal, de supuesta colaboración institucional.
También señalamientos frontales, realizados por regidores del ayuntamiento porto morelense, por la Cuenta Pública y Censura (2026), la ponen en el ojo del huracán.
A nivel local, regidoras de oposición, la señalan mediáticamente por presuntas inconsistencias en la aprobación de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2022.
En esas controversias se le acusó haber ordenado "borrar" los videos de las sesiones de cabildo, para mitigar las críticas de la oposición y evitar un impacto mediático negativo.
Blanca Merari tiene aura protectora, sale ilesa de cuestionamientos y señalamientos. El más reciente, un cateo a su casa en Cancún, cuando estaba acompañada de sus hijas.
La madrugada del lunes 19 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Marina realizaron un operativo en su casa del fraccionamiento exclusivo Lagos del Sol, en Cancún.
Inicialmente, las redes sociales informaban de su detención, por el supuesto delito de delincuencia organizada; sin embargo, ella misma lo negó, y dijo nunca haber sido detenida, ni ella ni gente a su servicio.
Aclaró: “sí catearon mi casa”, (extraoficialmente se sabe que aseguraron 2 millones de pesos), pero el cateo estuvo dirigido exclusivamente contra el dueño del inmueble.
Mostró documentos, incluyendo un contrato de arrendamiento notariado, y acreditó ser únicamente inquilina del predio.
El inmueble cateado en residencial Lagos del Sol, ubicado en el kilómetro 12.5 del bulevar Colosio, de la supermanzana 301 de Cancún, pertenece a María Friné, según datos periodísticos. Detenida en Quintana Roo, bajo prisión preventiva justificada y vinculada a proceso por presunta participación en delitos de extorsión, fraude y daño patrimonial.
Datos públicos indican que Friné laboraba con Héctor Alejandro “N”, identificado en expedientes judiciales como exadministrador de Ultramar, preso y sujeto a proceso por extorsión y fraude.
El origen del conflicto se remonta a una auditoría interna en julio de 2025, que puso en evidencia, un desvío no autorizado de más de 140 millones de pesos en la naviera Ultramar; fueron demandados.
Antes de todo, el exfuncionario federal Simón Levy adelantó en la red social X que elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Marina (Semar) detendrían a la alcaldesa en Cancún.
Lo atribuía a una acción solicitada por Estados Unidos; la versión de Simón Levy, el 19 de octubre de 2026, nunca fue confirmaba por ninguna autoridad en México o el extranjero.
El cateo fue en la madrugada del lunes, ese mismo día, temprano, la mesa de Seguridad de Quintana Roo, sesionaba y nunca, hasta hoy, dio cuenta del hecho.
Dirá que el cateo y la consabida investigación son asuntos del fuero federal, de los cuales están exentos, sin duda; pero es una alcaldesa de Quintana Roo y no es un asunto menor.
La pregunta obligada, es: ¿por qué la alcaldesa de Puerto Morelos vive en Cancún?, quizás porque sabe en carne propia el grado de violencia en su municipio.
¿De dónde sale el dinero para pagar la renta de la casa?, el costo total oscilaría entre 80 a 100 mil pesos mensuales. Tiene otra casa, en Leona Vicario, Puerto Morelos, ésta sí, de su propiedad.
Sus favorecedores aseguran que el cateo a su casa ubicada fuera de su municipio es producto de la guerra electoral rumbo a 2027; pero ella no se inscribió ante Morena para buscar coordinación alguna.
¿Algo hay trasfondo de lo que nadie quiere hablar?
Los leo.
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