Las recientes movilizaciones de la CNTE han expuesto la debilidad del Estado mexicano, agravada por el proyecto político de Morena. La CNTE puede dejar a millones de niños sin clases, paralizar ciudades y desafiar a la autoridad porque, al igual que el SNTE, han colonizado por invitación – en este caso de Morena – las instituciones educativas. Controlan la carrera docente: ingresos, promociones y salarios. Ese poder les permite condicionar a los docentes el acceso a esos beneficios a cambio de que realicen trabajo político para el sindicato: asistir a marchas o realizar movilización electoral.
Pero el problema es más profundo. La CNTE y el SNTE son solo una manifestación de una larga historia de penetración del Estado por poderes fácticos. Desde la Colonia, México ha oscilado entre dos formas de gobierno: el desplegado por los Habsburgo, que pacta con corporaciones y poderes fácticos; y el modelo Barbón que busca un Estado más autónomo y eficaz. Como ha sugerido Alan Knight, esa tensión explica mejor nuestra historia que las divisiones convencionales entre izquierda y derecha.
Tras la independencia, los liberales retomaron el impulso modernizador iniciado por los Borbones. Su propósito era fortalecer al Estado para garantizar la libertad de los individuos frente al poder de las corporaciones. El porfiriato profundizó varias de esas transformaciones, pero siguió dependiendo de caciques y nuevos grupos de interés. La modernización convivió con privilegios y exclusiones hasta desembocar en la Revolución.
La Revolución fortaleció al Estado. La expansión educativa, la nacionalización de recursos estratégicos, la reforma agraria y el desarrollo de infraestructura ampliaron su fuerza. Sin embargo, ese fortalecimiento nunca derivó en un gobierno plenamente directo. El nuevo régimen siguió apoyándose en sindicatos, organizaciones campesinas, caciques y grupos empresariales. Entre 1920 y 1940 predominó un impulso modernizador; después, durante la Pax Priista, prevaleció una lógica más conciliadora. Se ganó estabilidad, pero al precio de nuevas formas de penetración corporativa.
La educación ilustra con claridad esa contradicción. La Revolución construyó el sistema educativo, pero delegó funciones estratégicas a las organizaciones magisteriales. La creación del SNTE en 1943 consolidó un arreglo en el que el sindicato adquirió creciente influencia sobre la carrera docente a cambio de apoyo político y electoral. Incluso la CNTE, nacida como una rebelión contra el corporativismo, terminó reproduciendo la misma lógica: controlar la carrera magisterial para construir poder político.
El Pacto por México representó un nuevo impulso modernizador. Reformó los viejos arreglos corporativos que la democratización había dejado intactos. En educación, el Servicio Profesional Docente trasladó al Estado funciones que durante décadas estuvieron bajo control sindical. El acceso a plazas, promociones y salarios comenzó a depender de concursos públicos. La reforma liberó a los maestros de relaciones clientelares para construir una carrera basada en el mérito. También redujo significativamente el poder de movilización de las corporaciones magisteriales.
Morena rompió con esa trayectoria. Desde el gobierno de López Obrador, siguiendo el modelo Habsburgo, se restauró una lógica basada en acuerdos con poderes fácticos. La contrarreforma educativa devolvió a los liderazgos sindicales espacios de control que el Estado había recuperado. Como suele ocurrir, los aliados de ayer terminan limitando la capacidad de gobierno. Las movilizaciones actuales de la CNTE son prueba de ello. La presidenta Sheinbaum, en ocasiones, parecería intentar corregir algunos excesos heredados, pero la densa red de intereses que forman parte de su propia coalición se lo han impedido.
México necesita un proyecto alternativo de nación que fortalezca al Estado frente a los poderes fácticos. Como entendieron los liberales del siglo XIX, la libertad individual requiere un Estado capaz de garantizarla. Y ese camino debe comenzar por la educación.
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