“Los maestros son los plomeros del sistema electoral mexicano”. La frase de Carlos Jonguitud —líder del SNTE durante las décadas de 1970 y 1980— reflejaba la lógica que durante décadas organizó las relaciones de poder en el sistema educativo. Las escuelas eran gobernadas por un triángulo de acero: el gobierno delegaba a los dirigentes sindicales el control de la carrera docente; éstos utilizaban ese poder para movilizar al magisterio, y los partidos convertían esa movilización en votos y los líderes en poder. La educación subordinada a la política.
Tenía un costo enorme. Los docentes son el corazón de la enseñanza. Estudios como los de Eric Hanushek muestran que la diferencia entre un buen maestro y uno deficiente puede equivaler a un año completo de aprendizaje. Una buena docencia en primaria incrementa la probabilidad de concluir estudios superiores, acceder a mejores empleos y construir una vida autónoma.
Sin embargo, el triángulo de acero produjo lo contrario. Las contrataciones, promociones y aumentos salariales estaban subordinados a la relación con los liderazgos sindicales. Las instituciones no favorecían la excelencia docente, sino que premiaban la movilización política. La selección de docentes seguía una lógica de dominación y no una educativa. Los maestros que querían hacer carrera a partir de su trabajo encontraban obstáculos; quienes se incorporaban a las redes clientelares, oportunidades.
La reforma educativa de 2012-2018 rompió el triángulo de acero. Dos circunstancias lo permitieron. Desde la creación del SNTE en 1943, Enrique Peña fue el único presidente electo sin un acuerdo político con el sindicato. Por primera vez, sus dirigentes quedaron fuera de la coalición gobernante. Al mismo tiempo, el Pacto por México reunió la fuerza política necesaria para impulsar la reforma. El Servicio Profesional Docente sustituyó el control discrecional sobre la carrera magisterial por concursos abiertos, reglas transparentes y criterios de mérito para el ingreso, la promoción y los incrementos salariales.
¿Funcionó? La evidencia indica que sí. Un estudio de Juan Bedoya, Rafael de Hoyos y Ricardo Estrada, publicado en Economics of Education Review (2026), muestra que los maestros seleccionados mediante concursos tenían una preparación académica significativamente superior a la de quienes ingresaban bajo el sistema de control sindical. Más importante aún, con base en los resultados de PISA, documenta mejoras significativas en matemáticas y avances más modestos en comprensión lectora en las escuelas públicas. Y ello ocurrió a pesar de que la reforma solo estuvo vigente seis años. En ese tiempo, apenas 200 mil docentes —15 % del magisterio en funciones— ingresaron mediante el nuevo sistema de mérito y alrededor de 630 mil —40 %— participaron en algún concurso o evaluación. Todo indica que el avance no obedeció únicamente a la incorporación y promoción de mejores maestros, sino también al efecto general de sustituir un sistema clientelar y arbitrario por otro regido por reglas claras y mérito.
En 2019 ese proceso se revirtió. López Obrador desmanteló el Servicio Profesional Docente y devolvió a los liderazgos sindicales una parte sustancial del control sobre la carrera magisterial, restableciendo el triángulo de acero, ahora con Morena como beneficiario.
La historia y la evidencia conducen a una misma conclusión. Si la reforma hubiera continuado, hoy las escuelas públicas ofrecerían una educación de mayor calidad. Recuperar ese camino exige volver a separar la carrera docente de la movilización política y reconstruir un servicio profesional basado en el mérito. No es solo una reforma educativa, es una reforma política: reorganizar las relaciones de poder para que la educación deje de servir a la política y sea la política la que sirva a la educación. Pensar en las siguientes generaciones, no en las siguientes elecciones.
Recomendar Nota
