Hace unos días, Eduardo Backhoff escribió sobre la muerte silenciosa de la educación: las escuelas funcionan y entregan certificados, pero nadie aprende. La educación vive una paradoja dolorosa. Es la base de la libertad individual, la movilidad social, la prosperidad económica y la vida democrática. Sin embargo, suele desaparecer del debate público. A diferencia de la salud, la economía o la seguridad, cuyos resultados son visibles casi de inmediato, en educación los efectos tardan años en aparecer y son difíciles de percibir. Por eso son fundamentales las evaluaciones educativas: permiten mostrar aquello que no es evidente. Hace unos días, el intento fallido de reducir el calendario escolar devolvió momentáneamente la atención al tema. La indignación pasó y la emergencia educativa volvió al olvido.
Esta muerte silenciosa puede resumirse en seis problemas: la caída de las coberturas educativas; la dislocación de las escuelas tras la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo; la mala calidad de los nuevos planes y libros de texto; el debilitamiento de universidades, ciencia y tecnología; el regreso del uso político del magisterio, y el abandono de la educación inicial.
Frente a esta crisis, urge abrir un debate nacional capaz de construir soluciones.
La caída de las coberturas tiene tres causas: la desaparición de Prospera, el largo cierre de escuelas durante la pandemia y el colapso de la inversión en educación media superior y preescolar durante el gobierno de López Obrador. Prospera vinculaba apoyos sociales con permanencia escolar y protegía a las comunidades más pobres. Sin esos apoyos, miles de jóvenes abandonaron las aulas. A esto se sumó uno de los cierres escolares más largos del mundo y la suspensión de la expansión de matrícula. Recuperar cobertura exige rediseñar programas sociales y regresar a la escuela a quienes la abandonaron.
La reconstrucción educativa requiere recuperar las escuelas de tiempo completo y el financiamiento de universidades, ciencia y tecnología. Todos comparten un origen: la crisis presupuestal agravada por la destrucción de la reforma energética. Hoy el gobierno destina enormes recursos para subsidiar a Pemex, recursos que dejan de invertirse en educación. México necesita reconstruir un mercado energético que atraiga inversión y reduzca subsidios improductivos. Sólo así podrán financiarse mejores escuelas, universidades fuertes y un sistema científico para el siglo XXI.
Frente al desastre de los nuevos planes de estudio, el país necesita volver a discutir una pregunta esencial: educar, ¿para qué? La respuesta debe partir de la formación de personas libres y autónomas. Eso exige fortalecer lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico. También institucionalizar la revisión curricular y recuperar instituciones de evaluación educativa para saber qué y cómo se aprende en las escuelas.
Otro desafío central es reconstruir un verdadero servicio profesional docente. Los maestros deben obtener plazas y ascensos mediante concursos transparentes y no por mecanismos clientelares. Pero además, el país debe discutir el rol político del sindicato magisterial: si puede seguir utilizando su poder para favorecer causas partidistas o si debe asumir una neutralidad acorde con la educación pública. El sindicato debe defender derechos laborales, no controlar la vida profesional de los docentes ni utilizarlos políticamente.
Finalmente, México necesita una política de educación inicial y cuidados. Los primeros años son decisivos para el desarrollo cognitivo y emocional. Se requieren guarderías y un plan nacional sobre educación inicial. Hablar de cuidados sin inversión ni calidad educativa es retórica.
La oposición tiene la obligación de denunciar esta crisis. Pero si quiere ser alternativa, debe construir un proyecto educativo convocando a especialistas, docentes, madres, padres y sociedad civil. La muerte silenciosa de la educación es también la muerte silenciosa de la nación. Actuemos ya.
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