La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el pasado 25 de octubre, trasciende la continuidad de su gobierno y constituye una victoria estratégica para la izquierda latinoamericana, particularmente para Morena y Claudia Sheinbaum.
Lula obtuvo 51.79% de los votos, frente a 48.21% de Flávio Bolsonaro. Bolsonaro ganó la primera vuelta del 4 de octubre con una ventaja de 2.23 millones de votos. Tres semanas después, Lula la ganó con más de 4.4 millones.
La segunda vuelta estuvo marcada por una decisión controvertida. Cristiano Zanin, exabogado de Lula y ministro del Supremo Tribunal Federal nombrado por él, extendió hasta las 19:00 la votación en las secciones aún abiertas. El Código Electoral fija el cierre a las 17:00 y no contempla expresamente una prórroga nacional por problemas de transporte. Ambas campañas pidieron ampliar el horario: Bolsonaro, solo en municipios afectados por lluvias; Lula, a escala nacional. La decisión de Zanin, basada en esta última solicitud, abrió un debate sobre la intervención judicial y la posible ventaja concedida a un candidato.
Tras años de controversias por el creciente protagonismo del Supremo Tribunal Federal en decisiones políticas y electorales, Brasil refleja un problema, también presente en México, donde los partidos dominantes debilitan los contrapesos, subordinan a las autoridades electorales y utilizan recursos del Estado para perpetuarse. Cuando las instituciones pierden independencia, las elecciones conservan urnas y papeletas, pero dejan de garantizar condiciones reales de competencia y alternancia. En ese escenario cobra sentido la frase atribuida a Stalin: "No importa quién vota, sino quién cuenta los votos". La democracia puede desmantelarse desde dentro, mediante la captura de las instituciones que deberían protegerla.
A la concentración de poder en ambos países se suman los vínculos simbióticos que, existen entre partidos gobernantes y organizaciones criminales. Mientras los primeros ofrecen protección y acceso a recursos del Estado, las segundas aportan financiamiento, intimidación y control territorial. Además, en Brasil, el caso Odebrecht documentó corrupción empresarial, sobornos y financiamiento político ilícito que, en elecciones anteriores, involucraron a políticos y partidos, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula, al que aún pertenece.
Estas coincidencias ayudan a entender la importancia de la continuidad de Lula para Morena. Primero, preservaba un socio continental. México necesita interlocutores para negociar con Washington sobre seguridad, comercio, migración y soberanía. Lula ofrece a Sheinbaum respaldo y coordinación sin que México tenga que romper su dependencia comercial de Estados Unidos.
Segundo, Brasil sostiene una arquitectura regional alternativa. El PT, entonces encabezado por Lula, impulsó junto con Fidel Castro la creación del Foro de São Paulo en 1990 y sigue siendo su principal integrante. El foro articula partidos y movimientos de izquierda y coordina recursos entre gobiernos afines. Lula también ofrece a México un interlocutor central en los BRICS y el sur global, donde Brasil impulsa un orden menos dependiente de Washington.
Tercero, su victoria evita que México quede como el principal gobierno de izquierda con peso electoral y económico en una región que gira hacia la derecha. Para Sheinbaum, Lula es aliado diplomático, referente ideológico y socio en la agenda latinoamericana. Su derrota habría reducido el margen de maniobra de Morena y debilitado el bloque regional.
Lula ganó, pero casi la mitad del electorado brasileño optó por otra alternativa. Su victoria no elimina la polarización ni garantiza la estabilidad política. El desafío de la izquierda latinoamericana es demostrar que puede gobernar apartándose de los vicios señalados y conservando legitimidad en sociedades profundamente divididas. El control del poder puede prolongar un proyecto político, pero no sustituye el respaldo social que necesita para sostenerse.
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