La 81ª Asamblea General, reunida en días pasados en Nueva York, volvió a mostrar por qué Naciones Unidas ha perdido autoridad y legitimidad. Irónicamente, el tema oficial de esta sesión fue “restaurar la confianza”. Difícil tarea para una organización que actúa con un doble rasero y que produce resoluciones, informes y reuniones a una velocidad muy superior a sus paupérrimos resultados en el terreno. Bajo António Guterres, esa brecha se ha hecho patente.
El problema es la obsesión selectiva. Guterres ha convertido a Israel y Estados Unidos en blancos recurrentes de su discurso, mientras frente a Irán, Venezuela, Cuba, China o las matanzas cometidas por grupos islamistas en África la respuesta ha sido nula o muy tibia. El conflicto palestino es grave y merece atención. Lo que resulta difícil de justificar es la condena sistemática e institucionalizada contra Israel, especialmente por países sin autoridad moral para hacerlo o que la utilizan para captar electoralmente a sus minorías musulmanas. Javier Milei lo resumió en Nueva York: quienes deberían defender los derechos humanos “apañaron a dictaduras sanguinarias”, mientras votaban sistemáticamente contra Israel y guardaban silencio ante el terrorismo y las matanzas de cristianos en África por el islam político.
En Irán, la represión de enero de 2026 dejó un estimado de hasta 20 mil manifestantes muertos y, sólo entre enero y julio, se documentaron 901 ejecuciones, 29 vinculadas con las protestas. En Siria, la violencia sectaria contra minorías de drusos, beduinos y cristianos dejó 1,707 muertos y casi 200 mil desplazados. En Nigeria, Boko Haram y su rama de Estado Islámico siguen asesinando y secuestrando a civiles, mayoritariamente cristianos. ISIS perpetró un genocidio contra los yazidíes, con asesinatos, esclavitud sexual y violencia sistemática. ¿Dónde está la indignación de Guterres? ¿Dónde están las condenas? ¿Dónde están las consecuencias?
La respuesta está, en parte, en el propio sistema. Muchos de los órganos de la ONU han sido cooptados por Estados que negocian votos y alianzas para ocuparlos, incluso cuando vulneran los derechos que esos organismos deben proteger. Así, gobiernos señalados por graves violaciones terminan dirigiendo los órganos que deberían vigilarlos, bloqueando o diluyendo cualquier intento de exigirles cuentas.
La contradicción llega al absurdo. Arabia Saudita fue elegida en 2025 para presidir la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, principal órgano de la ONU sobre derechos de las mujeres, pese a graves señalamientos de discriminación y violación sistemática de los derechos de las mujeres. En septiembre de 2026, Irán fue elegido mediante voto secreto para integrar la Comisión General de la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, días después de que la Junta de Gobernadores determinara que Teherán incumplía sus obligaciones respecto a su programa nuclear y remitiera el caso al Consejo de Seguridad.
La financiación externa de algunos relatores —expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para investigar e informar sobre temas específicos— añade otra capa al problema. UN Watch ha documentado aportaciones de China, Rusia y Qatar a algunos por más de un millón de dólares. Por lo que la independencia de estos mecanismos es cuestionable.
Guterres tampoco llegó a la Secretaría General como un tecnócrata ajeno a la política. Fue dirigente del Partido Socialista portugués y presidente de la Internacional Socialista. Su trayectoria ayuda a entender su sensibilidad política y su afinidad con una agenda progresista que encuentra dentro de la ONU un enorme aparato para amplificar determinados conflictos, discursos y causas.
El resultado está a la vista. Una organización que debía defender reglas universales terminó aplicándolas según quién sea el acusado. Cuando la doble vara se vuelve método, la ONU se convierte en parte del problema.
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