La captura de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por destrucción de evidencias en el caso Ayotzinapa, abre una vertiente política de amplias repercusiones.
Las imputaciones provienen de testigos acogidos al criterio de oportunidad, como Lambertina Galeana, quien era en aquellos años la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente bajo arresto domiciliario —beneficio obtenido, justamente, por señalar al exmandatario como quien ordenó destruir los videos que habrían captado lo ocurrido en el Puente del Chipote la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala—, su testimonio resulta clave.
Existe además otro filón en el asunto. En una nota de Gustavo Castillo publicada en La Jornada, se explica que los fiscales incluyeron las "declaraciones del cabecilla de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, 'El Sapo Guapo', quien aseguró que ese grupo delictivo aportó recursos para la campaña a gobernador de Aguirre".
Si bien esto no es sustancial por ahora en la indagatoria de la FGR, sí lo es en el terreno político, pues daría pistas —de ser cierto— de cómo el crimen se inmiscuye en las elecciones y establece pactos que se prolongan en el tiempo. Sin embargo, las declaraciones de criminales como "El Sapo Guapo" siempre deben tomarse con cautela.
Lo que es un hecho, y atañe de modo irremediable a lo que ocurrió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es la implicación de José Luis Abarca. Quien fuera alcalde de Iguala no es un personaje secundario; es una pieza clave porque formaba parte de la estructura de Guerreros Unidos. Esto se sabía, pero desde el 6 de agosto de 2014 las autoridades de todos los niveles contaban con información precisa al respecto.
La fiscalía de Guerrero presentó en la mesa de seguridad —donde participaban la PGR, el Cisen, la Policía Federal y las secretarías de la Defensa y Marina— un documento titulado "Objetivos de Atención Especial", donde se señalaba explícitamente al edil y se advertía sobre su peligrosidad.
Quienes alentaron la carrera política de Abarca tienen responsabilidad en este embrollo. No podían llamarse a engaño: Arturo Hernández Cardona entregó una carta a Andrés Manuel López Obrador antes de las postulaciones advirtiendo sobre el asunto, pero fue asesinado el 30 de mayo de 2013.
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