Hace 100 días que Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador y 104 de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó su captura.
En ese lapso, la violencia en Sinaloa se mantuvo y la disputa criminal entre los Chapitos y los Mayos también.
La estructura de poder que construyó Rocha Moya se encuentra casi intacta, ya que solo se fueron del gobierno los otros personajes que están señalados en el expediente.
El senador Enrique Inzunza no se ha presentado ni a sus oficinas y mucho menos al pleno legislativo desde que se hicieron públicos los señalamientos en su contra; sin embargo, cobra su dieta religiosamente y sube videos a las redes sociales en los que habla de Séneca o de Ignacio Manuel Altamirano.
Nadie en México ha sido detenido y Rocha Moya goza de libertad, aunque tiene que ir con tiento: es objetivo de las bandas criminales y no se puede descartar –por remota que se la posibilidad- que lo arreste el FBI o la DEA.
Quien fuera secretario de Seguridad, el general Gerardo Mérida Sánchez, un tipo experto en seguridad nacional, se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo, en la garita de Nogales, Arizona, como también lo hizo el secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, el 15 del mismo mes en Nueva York.
Son dos personajes clave, ya que uno se ocupaba del combate al crimen, aunque fuera en teoría y el otro operaba el negocio. Las balas y el dinero.
Las acusaciones contra el gobernador con licencia, hay que tenerlo presente, se derivan de otro expediente mucho más amplio y es el que tiene que ver con el Cártel de Sinaloa en su conjunto.
Luego de 100 días, está más que claro que la decisión de proteger a Rocha Moya, por las razones que sean, se mantiene y que en Palacio Nacional ya asumieron que tendrán que pagar el costo político respectivo.
Pasa el tiempo, pero en las agencias y en las cortes al norte del río Bravo, siguen haciendo acopio de información y armando acusaciones que se conocerán tarde o temprano.
Recomendar Nota
