Lo que ocurrió en Juchitán es un golpe directo a la izquierda oaxaqueña y muestra cómo las organizaciones criminales penetran en la estructura y en las organizaciones sociales.
En 1981 Leopoldo de Gyves se convirtió en alcalde por una alianza entre el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI).
El triunfo del PSUM fue significativo, porque en aquellos años era muy complicado que la oposición se pudiera imponer al PRI. De Gyves solo llegó a la alcaldía porque se realizó una elección extraordinaria, luego de que lo habían despojado de su triunfo.
Fue la movilización lo que hizo que el gobierno rectificara y que se abriera lo que sería una prolongada historia de la COCEI y la izquierda partidista en el Istmo.
Con el paso de las décadas, llegó al ayuntamiento Miguel Sánchez Altamirano, primero como alcalde sustituto de Emilio Montero Pérez, quien se incorporó al gobierno de Salomón Jara, y luego ya como presidente municipal desde 2024 abanderado por Morena.
Montero Pérez es, en la actualidad, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Hace unos días, Sánchez Altamirano fue detenido por los delitos de narcomenudeo y extorsión. Las autoridades federales lo relacionan con el CJNG.
Sánchez Altamirano se formó en el entorno de la COCEI y de sus extensiones en el poder político de su estado.
En Juchitán, el crimen organizado se apoderó del ayuntamiento y utilizó todas sus herramientas para sus negocios ilegales. Esto es una muestra de los riesgos que se enfrentan en la actualidad, donde los bandidos están incidiendo de modo directo en la política, al cooptar candidatos que con posterioridad se incorporan a sus redes de mando o pagan la cuota para poder gobernar.
A Sánchez Altamirano lo atraparon cuando se dirigía a un acto público en el municipio.
De inmediato, Morena se deslindó de su militante y advirtió que no se tolerarán conductas que violenten la legalidad.
Es la reacción esperada, pero eso no borra que el CJNG se apoderó de Juchitán, lastimando una larga historia social y poniendo en un brete a los respaldos del alcalde caído. Ahí está uno de los desafíos más grandes a la democracia mexicana, en esa colusión entre política y crimen, redituable financieramente, pero desastrosa para la ciudadanía.
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