No se culpe al Estado de su (propia) muerte. No se culpe al Estado de la actual acumulación de crisis al borde del estallido. No fue el Estado, como se pretendió simplificar la tragedia de los normalistas desaparecidos aquella horrenda noche de Iguala de 2014. Hoy es la destrucción del Estado, a ciego del régimen: el abatimiento de las instituciones clave del Estado, la que llama a la puerta con aires perentorios.
Tres pruebas. Esta semana enfrentará la presidenta tres pruebas importantes. Por un lado, la capacidad para reemplazar, ya, a una presidenta del Instituto Nacional Electoral insostenible, así como para obligarla a rendir cuentas por las irregularidades exhibidas en su gestión y por la degradación del respeto requerido para presidir los próximos definitorios procesos electorales. Por otro lado, estará el examen sobre la capacidad para atender las demandas de los autotransportistas y evitar la parálisis del país, por el emplazamiento de un paro que debió resolverse en las últimas horas de este domingo. Y, por un lado más, tendrá que acreditar una capacidad mayor para encauzar la presión de Trump para que el régimen mexicano acepte una mayor presencia, abierta en nuestro país, de efectivos anti cárteles criminales. Se necesitará una capacidad suprema para responder al apremio, pormenorizado por el New York Times, de la Casa Blanca, para que Palacio decida sobre esa demanda antes del martes de las elecciones intermedias de ese país, en las que el presidente estaría en camino de perder sus mayorías en el Congreso.
Las tres pruebas gravitan sobre la madre de las demás vulnerabilidades: las crisis del Estado de derecho y de la cultura de ilegalidad. ‘No me vengan con que la ley es la ley’ es la divisa explícita. No entregues los narcopolíticos exigidos, porque luego vendrán por los demás, la fórmula (semi) secreta.
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