Ciliacán, Sin.- México puede alcanzar cifras históricas de empleo mientras una parte de su territorio pierde las condiciones para producir. Sinaloa encarna esa contradicción y plantea la pregunta ¿qué responsabilidad tiene el gobierno federal cuando trabajar, contratar e invertir se vuelven actividades cada vez más difíciles?
En septiembre de 2026, el empleo nacional registrado ante el IMSS creció 1.6% anual. En Sinaloa disminuyó 3.8%. ello representa 22,733 empleos menos en tan solo doce meses. Celebrar el promedio nacional sin atender esta divergencia regional equivale a confundir una estadística favorable con un desarrollo compartido.
Según el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, entre enero y septiembre del presente año hay una reducción del 5.6% en los registros patronales, respecto al mismo periodo de 2025. Además, según el INEGI, la actividad económica en Sinaloa retrocedió 1.2% anual en el primer trimestre de 2026, pero las actividades primarias cayeron 16.6%.
Es evidente que México necesita un mecanismo federal para la recuperación de territorios afectados por violencia. Su activación debe depender de indicadores públicos y con independencia de afinidades partidistas. Debe incluir garantías crediticias, apoyos temporales para conservar empleos, evitar el cierre de empresas y promover la inversión.
Aquí aparece una dimensión poco discutida de la soberanía. Un Estado necesita garantizar que sus ciudadanos puedan abrir un establecimiento, trasladar mercancías, cobrar una factura y poder regresar a casa. La capacidad de sostener esas actividades cotidianas también mide cuánto gobierna realmente.
Cuando la inseguridad persiste, la economía se adapta al miedo. Se aplazan inversiones, se reducen horarios y se restringen desplazamientos. Con ello todo se deteriora rápidamente. Se reduce la gobernabilidad, y las empresas huyen del territorio. También lo hace su población.
Por eso, Sinaloa debe entrar en la agenda nacional como un problema de reconstrucción económica e institucional. Su deterioro plantea una responsabilidad compartida entre Federación, estado y municipios. La distribución de competencias no puede convertirse en una distribución de excusas. El pacto federal debe ser más efectivo. El gobierno de la República debe demostrar que su responsabilidad incluye también los resultados territoriales.
La situación de Sinaloa plantea una advertencia para todo el país: el crecimiento nacional pierde legitimidad cuando sus beneficios dejan de ser una posibilidad para las entidades. La actual discusión presupuestaria debería responder una pregunta: ¿cuánto está dispuesto a invertir México para que producir legalmente siga siendo una opción viable en todo su territorio?
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