La CIA, también en el sistema judicial. Todo empezó con la acusación al gobierno de Chihuahua de prohijar la participación de la CIA en una operación antinarco. Y concluye ahora -si es que concluye ahora- con la certeza de la intervención de la CIA, también, en el sistema judicial mexicano. Enrevesada, difícil de comprender para el ciudadano común -y de convencer a los juristas- resultó la fórmula encontrada para salvar la cara de la presidenta. Y es que se había -o la había- embarcado en una ofensiva reputacional, con fines electorales, consistente en enderezar graves acusaciones al gobierno panista de Chihuahua, con el expediente de haber involucrado agentes de la CIA en la destrucción de laboratorios de narcotraficantes en ese estado.
La realidad. Al parecer fue la realidad la que obligó a Palacio a dar marcha atrás ante los riegos de desestabilizar un gran estado fronterizo con Estados Unidos y de ahondar la confrontación con su poderosa agencia de contraespionaje, a sabiendas del recuperado peso de ésta en las decisiones y acciones de Washington en el exterior. Pero el detalle está en que, parara salir del embrollo, el régimen terminó asignándole a la CIA, en última instancia, un rol intervencionista también en las decisiones del Poder Judicial.
No es santo: lo hará Dreyfus. Independientemente del resultado de la audiencia en que el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua resolvería ayer sobre su vinculación a proceso por ‘ejercicio indebido del servicio público’, el exfiscal de ese estado fue consignado la víspera en la prisión de alta seguridad del Altiplano, pero bajo el cargo de traición a la paria. César Jauregui, en efecto, no es un santo. Pero la desmesura de acusarlo de traición a la patria podría erigirlo en el Dreyfus que Zola llevó a la inmortalidad en su celebre Yo acuso.
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