La Fiscalía General compareció este miércoles con lo que la mañanera del martes no tuvo: novedades. Identificó al piloto mediante peritajes de voz, documentó las alteraciones de la aeronave, reveló que Washington contestó seis de once puntos de asistencia jurídica y que dieciséis oficios recordatorios permanecen en el Departamento de Justicia. La revelación es interesante: el FBI presume como propia una operación de captura en suelo mexicano y la autoridad mexicana lo confirma (¿Aplicarán la consecuencia legal de romper la colaboración bilateral?). Pero la reciente minuciosidad del expediente delata algo más: la inconsistencia en el celo por esclarecer los casos que persiguen al régimen. El mismo Estado que reconstruye la voz de un piloto y la pintura de un avión confiesa que contra Rubén Rocha Moya “no reúne el parámetro probatorio mínimo para proceder”. El mismo aparato que acusa a Ken Salazar de faltar a la verdad admite que no puede investigarlo ni sancionarlo. El único eslabón humano que México tuvo en sus manos —el piloto— fue entregado a Estados Unidos. Y a dos años del 25 de julio, nadie ha sido detenido por el homicidio de un diputado federal electo ni por el montaje oficial que lo encubrió. Al parecer, la capacidad institucional para conocer la verdad existe, pero la voluntad se administra según los intereses de la facción dominante.
Hay algo más profundo en la teoría del caso que sostiene el gobierno. La Fiscalía atribuyó el secuestro de Zambada a un acuerdo de cooperación de Ovidio Guzmán con la justicia norteamericana: el supuesto cambio de su medida cautelar y la recepción de diecisiete familiares habrían detonado la traición, según la Fiscalía. La insinuación presidencial —que las colaboraciones incentivadas son “acuerdos con el crimen organizado”— se vuelve tesis oficial y diplomática: los testigos colaboradores, los mismos que hoy incriminan a un gobernador, quedan encuadrados como manzanas envenenadas del árbol del delito. Pero esta coartada tiene un antecedente antiguo: “deslegitima al testigo para descalificar su testimonio”.
La incoherencia no es un descuido. Es el síntoma del extravío del régimen o del peso de sus complicidades. El gobierno cree que administra casos incómodos: un capo secuestrado, un gobernador acusado, un embajador que faltó a la verdad. Lo que enfrenta es un cambio geopolítico en el que no encuentra un lugar cómodo ni un refugio seguro. Washington sustituyó el paradigma del comercio por el de la seguridad como eje de articulación de sus posiciones frente al mundo. Bajo el paradigma comercial, las diferencias se negociaban y, desde luego, se posponían cuando era necesario para conservar equilibrios mutuamente convenientes. Bajo el paradigma de seguridad, las posiciones responden a imperativos de excepción: designaciones terroristas, acusaciones penales contra funcionarios en ejercicio, condiciones de seguridad en la revisión del tratado comercial. Quien no entiende el cambio de gramática queda condenado a una relación de represalias, manotazos e inestabilidad permanente.
La acusación de Nueva York contra Rocha Moya debe leerse en esa clave. El expediente no describe la corrupción de un cargo electo. Describe la anatomía de la narcopolítica: cesión de dominio territorial, penetración institucional y diversificación de las finanzas criminales. Un gobernador y un senador, entre otros, señalados de colusión con una facción criminal desde el proceso electoral de 2021. Un aparato estatal que, según la propia Fiscalía, montó la escena del asesinato de un diputado electo. Una economía ilícita que ya no depende solo del fentanilo: el huachicol financia la expansión criminal con recursos del propio erario. Por eso la pregunta de Washington no es si México entrega a Rocha Moya. La pregunta es si el Estado mexicano es contraparte en la lucha al crimen o parte del problema.
Esta pregunta se contesta con definiciones. Tres, cuando menos. Primera: un nuevo marco de cooperación, una Iniciativa Mérida de segunda generación, con objetivos verificables, corresponsabilidad financiera y mecanismos de evaluación mutua. La cooperación, sin un marco de reglas, degenera precisamente en la tentación de recurrir a operaciones unilaterales. Segunda: reformar la Ley de Seguridad Nacional. La reforma de 2020, hija del berrinche y de una pésima técnica legislativa, nació para obstruir a los agentes extranjeros, no para ordenar la colaboración. El resultado es una ley disfuncional que castiga la confianza, fragmenta la información y exime de todo compromiso institucional ante al crimen organizado. Tercera, la más urgente: blindar la elección de 2027. La acusación de Nueva York documenta que la captura criminal de Sinaloa comenzó en las urnas de 2021. Si el crimen eligió gobernador, elegirá otros gobernadores, diputados, alcaldes y jueces. Cada mes sin una estrategia de protección electoral es un mes de ventaja para quienes ya saben cómo hacerlo.
La presidenta repite el mantra de la soberanía. Pero la soberanía no es el derecho a gestionar la impunidad: es la capacidad de aplicar la ley en el propio territorio, frente a propios y extraños. Mientras se pelean con embajadores retirados y sus memorias, el país cuenta las horas para que alguien ponga orden y estabilice una de las vecindades más complejas del orbe. Alguien que defienda el interés superior de la Nación, por encima del interés de la facción.
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