Mientras el régimen se desvive por defender al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el blandón de la soberanía mancillada, el gobierno de Estados Unidos ha dado una vuelta más de tuerca a su política de seguridad en clave de guerra contra el crimen organizado y sus coberturas financieras y políticas.
Efectivamente, en las dos últimas entregas del arco programático de seguridad hemisférica de la administración Trump se confirma el cambio de paradigma ya anticipado en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025: la era de la contención ha terminado y retumban con más fuerza los tambores de la ofensiva militar, antiterrorista y unilateral. La coincidencia temporal con el affaire Rocha Moya es, por decir lo menos, una casualidad poderosamente llamativa.
A juzgar por la reacción, no parece haber conciencia de la magnitud de la tormenta que se avecina. O probablemente la presidenta tenga "otros datos" sobre la verdadera credibilidad de la amenaza trumpista. Quizá tenga en su poder la versión de esos programas con las notas al pie que animan su impavidez. ¿A quién no le gustaría pensar que el gobierno está dosificando estratégicamente los incentivos a la cooperación para superar la situación de conflicto? Es cierto que las estrategias de seguridad son instrumentos tanto prescriptivos como performativos: la distancia entre la prosa y la decisión puede ser amplia, y no sería irracional apostar a que el componente retórico supere al político. Pero todo parece indicar, desafortunadamente, que ese tono se vuelve cada vez más preocupante: los márgenes de la presidenta para gestionar la relación se estrechan, porque es cada vez más difícil para las partes desdecirse de sus dichos.
Washington ha redefinido por completo la naturaleza del crimen organizado. Los cárteles son tratados con la misma vara que el terrorismo internacional. El fentanilo se equipará a un arma de destrucción masiva. El problema ya no se aborda desde la óptica de la salud pública ni de la seguridad ciudadana: es un desafío para la supervivencia misma del aparato de seguridad, inteligencia y justicia más poderoso del mundo. Cada dosis de fentanilo es una agresión que justifica la represalia de la guerra: un acto terrorista a escala minúscula que se perpetra en suelo y contra ciudadanos estadounidenses. Sin cautelas diplomáticas, se usa la gramática de la posibilidad de recurrir a la fuerza letal y directa para reemplazar la “fallida estrategia de las últimas décadas, basada únicamente en la aplicación de la ley".
El nuevo paradigma describe el "problema mexicano" con expresiones que revelan una profunda hostilidad hacia la "inacción". Denuncia como "indescriptible carnicería" el daño que los cárteles han causado a los ciudadanos estadounidenses durante décadas bajo la tolerancia de autoridades sobrepasadas o capturadas. No hay juego de palabras al afirmar que "los días de presidentes débiles que toleraban un ataque químico contra Estados Unidos han terminado".
La tríada —seguridad nacional, drogas y contraterrorismo— redefine por completo los términos del entendimiento bilateral. Estados Unidos ya no pide colaboración, sino un resultado tangible: "México debe eliminar la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales". Ya no bastan las expulsiones, los operativos conjuntos ni las detenciones selectivas. La medida del compromiso consiste en oponer la fuerza a las milicias de esos ejércitos sin Estado: erradicar a combatientes globalizados.
Y es aquí donde la imputación contra Rocha Moya y, sobre todo, la decisión de protegerlo deja de ser el retrato del narcopacto y se vuelve la amenaza a nuestra soberanía. Si la estrategia estadounidense escala, no es solo porque Trump lo decida: es porque el Estado mexicano alimenta la percepción de permisividad o de complicidad con poderes criminales que representan una “amenaza existencial”.
No es una escalada retórica más ni el enésimo ciclo de presión bilateral seguido de cooperación pactada. Lo que las piezas programáticas configuran es una nueva arquitectura burocrática, jurídica y militar: reconfiguración de objetivos, reorganización de las cadenas de mando y redistribución inminente de recursos. La pregunta no es si Washington cumplirá sus advertencias, sino cuándo, dónde y con qué argumento. El affaire Rocha Moya no es el acto en sí de intervención que debería preocupar al régimen; puede ser su justificación más persuasiva. Cada acusación documentada contra un funcionario en activo construye, ladrillo a ladrillo, la legitimidad internacional de la doctrina del "Estado fallido".
El régimen enfrenta una disyuntiva que merece nombrarse sin eufemismos: o asume el costo político de procesar a su propia clase dirigente comprometida con el crimen organizado, o reordena los términos de la cooperación con Estados Unidos para conjurar la tentación unilateralista. Tucídides recordaba en el Diálogo de los Melios que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles padecen lo que deben. La verdadera soberanía de un Estado consiste en hacer dentro lo que no quiere que otros le impongan desde fuera. Defender la soberanía sin defender la legalidad y la integridad de la República es, a estas alturas, una coartada que ya no engaña a nadie, ni en Palacio Nacional ni en “una oficina pública de Nueva York”.
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