Fue sorpresivo y alentador. La presidenta Sheinbaum anunció un giro inesperado: tras semanas de acoso de la CNTE, canceló las negociaciones con sus dirigentes y propuso consultar directamente a los maestros. El cambio duró menos que un suspiro. Bastó una nueva marcha para que el gobierno cediera y volviera a negociar. Los líderes de la CNTE obtuvieron lo que querían: más recursos, más plazas y mayor control sobre la carrera docente. También lograron que dejar sin clases a 1.5 millones de niños quedara impune y subsidiado. El gobierno intentó romper el ciclo de movilización y negociación, pero terminó sometido a él porque fue incapaz de deshacer su alianza política con los liderazgos sindicales.
La semana pasada argumenté que el conflicto con la CNTE mostraba la debilidad crónica del Estado mexicano, agravada por el modelo de Morena de pactar con poderes fácticos. Desde la Colonia, la tensión entre un modelo “habsburgo”, basado en pactos con corporaciones, y uno “borbónico”, orientado a fortalecer la autonomía estatal, ha sido una constante mexicana. Los primeros dieron estabilidad, pero permitieron que intereses privados terminaran imponiéndose sobre el Estado.
Los proyectos reformistas fortalecieron al Estado, pero encontraron límites y regresiones. Maquiavelo describió este dilema: no hay empresa más difícil que cambiar el orden político, porque quienes pierden privilegios luchan con fuerza, mientras quienes podrían beneficiarse suelen defender la reforma con tibieza. Esa lógica explica buena parte de la historia mexicana. Los poderes fácticos sobreviven porque tienen organización, recursos y capacidad de movilización; quienes ganarían con las reformas suelen estar dispersos.
La historia educativa ilustra este conflicto. La Revolución fortaleció al Estado y creó una autoridad educativa nacional capaz de construir uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. Sin embargo, desde finales de los años 20 el gobierno delegó parte del control de la vida profesional docente a los liderazgos sindicales. Ese poder delegado se convirtió en autonomía política. Gobiernos intentaron corregirlo, pero los sindicatos conservaron control y movilización.
La reforma educativa del Pacto por México transformó el orden educativo. Dos condiciones la permitieron: por primera vez un presidente llegó al poder sin una alianza con el SNTE y hubo acuerdo entre las principales fuerzas políticas. La reforma separó la carrera magisterial del control sindical. Las plazas y ascensos dejaron de depender de los líderes sindicales. Esto fortaleció al Estado, mejoró la educación y redujo el poder sindical.
La resistencia era inevitable. Como recuerda Alan Knight al analizar la reforma agraria, “las transformaciones sociales consensuales solo existen en las mentes de los políticos y académicos ingenuos”. A pesar de la oposición de los líderes, la reforma tenía respaldo social. En 2017, 79% de la población y 70% de los docentes la apoyaban. Incluso en 2019, 71% de los ciudadanos rechazó su eliminación.
A pesar de ello, López Obrador desmontó la reforma. ¿Por qué pudo hacerlo con tanta facilidad si tenía apoyo mayoritario? La respuesta está en Maquiavelo: restituir los fueros a los poderes fáticos daba fuerza política a Morena. La oposición de la mayoría era, por el contrario, desorganizada y, por lo tanto, débil.
El problema es que, como ocurre con los pactos corporativos, la fuerza recuperada por los poderes fácticos se vuelve contra quien los resucitó. Romper este ciclo exigiría abandonar la lógica de los acuerdos corporativos y retomar, con más fuerza y aprendizajes históricos, un proyecto reformista capaz de garantizar la libertad individual, a través de un Estado fuerte y eficaz, limitando el poder de las corporaciones. No hay atajos, eso también nos lo enseña la historia.
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