La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un mecanismo de “integridad en candidaturas”. La propuesta busca impedir que personas vinculadas con actividades criminales lleguen a cargos de elección popular. El objetivo, en apariencia, sería difícil de cuestionar. ¿Quién podría defender la infiltración del crimen organizado en la política? El problema no está en el propósito declarado, sino en el mecanismo elegido. La …