Hay vicios nacionales que cambian de vestimenta, pero jamás de vocación. México vuelve a tropezar con una de sus paradojas históricas más recurrentes: confundir la modernización con la centralización. A pretexto de la eficiencia técnica y el avance digital, la reciente iniciativa de ley en materia catastral amenaza con despojar al municipio libre de su rasgo fundamental: la autonomía. Lo que se presenta como un salto hacia el futuro digital es, en el fondo, un retroceso de más de un siglo hacia las formas del control vertical.
La amenaza llega hasta el corazón económico de la vida local. La reforma constitucional de 1983 al artículo 115 otorgó a los municipios lo único que vuelve real y tangible la autonomía política: la soberanía sobre sus ingresos propios, encabezados por el impuesto predial. Así lo establecen los artículos 115, fracción IV, y 124 de la Constitución.
Forzar a los ayuntamientos a volcar la gestión de este tributo en una plataforma federal, “administrada y supervisada” desde la capital, equivale a exigirles que cobren la llave de su propia casa con una herramienta ajena. La Constitución —en sus artículos 40, 41, 73, fracción XXIX-R, 115 y 124— es categórica: las leyes federales no pueden limitar ni condicionar esas contribuciones. En la dinámica del poder político existe una regla no escrita pero inexorable: quien controla la caja, termina por controlar la casa.
El exceso es también doctrinal y jurídico. Ciertamente, el Congreso de la Unión posee la facultad de armonizar la organización de los catastros y registros públicos. Sin embargo, ordenar los archiveros es una cosa; reescribir el contenido de los títulos de propiedad es otra muy distinta. El núcleo duro del derecho de propiedad local pertenece al fuero de los estados. Transgredir este límite es desvirtuar el mandato de la Suprema Corte de Justicia, que ha reiterado que las leyes generales deben repartir competencias para la colaboración, no subordinar órdenes de gobierno. Una federación donde el centro ordena de forma imperativa y la periferia obedece bajo amenaza de sanción ha dejado de ser federación: es un centralismo disimulado.
No bastándoles la indignación que genera esta iniciativa que, para el contribuyente mediano, se presenta como un predialazo, decidieron en la misma semana dar cabida a las condonaciones a los grandes deudores fiscales. Morena, el autodenominado gobierno de izquierda, quiere perdonarles multas a los empresarios más ricos del país, en las que incurrieron por no haber pagado lo que debían en primer lugar. Morena trata al ciudadano como empresa y a la empresa como ciudadano. Se le hace fácil molestar a las clases medias y bajas, pero se cohíbe al momento que debe tocar la puerta de las grandes empresas. Cada día traicionan más a quienes votaron por ellos con la esperanza de que serían diferentes: se supone que los defenderían de los más poderosos.
La reserva aprobada demuestra lo que ya se sospechaba: la 4T no tiene ninguna intención de impulsar una reforma fiscal progresiva. Su plan es cobrarle más a los pequeños y medianos contribuyentes, y perdonar las deudas de quienes más tienen. La Ley de Catastro nos hizo pensar que el gobierno ya no sabía de dónde sacar dinero y que lo necesitaban con desesperación. Esta reserva nos demuestra que sí saben dónde están los recursos, pero no se atreverán a tocar al 1% más rico. Es más fácil cargarle la mano a quienes no tienen cómo defenderse de ti. Así nuestro “supuesto” gobierno de izquierda.
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