Al principio de esta serie de entregas aseveré que las políticas identitarias representan una afrenta contra el universalismo. No hablaba solamente del universalismo propio de la mejor lectura de Marx, sino de aquel que subyace al liberalismo democrático.
La democracia liberal privilegia los procesos electivos en donde todos comparecen a la urna en pie de igualdad: una persona un voto. El liberalismo democrático considera a todos los seres humanos dignos de la misma consideración y respeto, y, por lo tanto, tienen derecho a decidir su destino compartido. La política de la identidad, en cambio, lo que destaca es la diferencia y hace de la identidad —de la idea que uno tenga de sí mismo— una fuente de legitimidad política. Entonces, ¿cómo conciliar ambas posturas?, ¿cómo defender una igualdad radical sin borrar aquellas diferencias culturales que enriquecen al común y protegen la dignidad individual? El multiculturalismo busca dar una respuesta a esta pregunta. En una primera lectura, sugiere que todas las culturas deberían ser respetadas, so pena de caer en la imposición de una cultura sobre otra.
Desde aquello que Stanley Fish señala como un “multiculturalismo fuerte”, todas las identidades deben ser respetadas de igual manera para no ahogar la subjetividad y hacer un daño irremediable a quienes se identifican de una u otra manera.[1] El espacio público, de esta manera, se queda demasiado corto para representar de forma adecuada el mosaico de la diversidad y hacerlo compatible.
El problema el multiculturalismo fuerte que suelen sostener las políticas identitarias es que se pierde la posibilidad de encontrar valores objetivos, externos —sí, universales—, para evaluar las prácticas de los distintos grupos, para encontrar tanto su riqueza cultural como aquellos aspectos que podrían atentar contra la dignidad de las personas. Desde esta perspectiva, con que una práctica sea presentada como constitutiva de la identidad del grupo, automáticamente debería ser reconocida y respetada. Un total disparate.
Si cediéramos ante esta combinación de un multiculturalismo fuerte y la política de la identidad, prácticas atroces como los sacrificios humanos, la mutilación genital, la esclavitud y las violaciones para cambiar la orientación sexual tendrían que presentarse como prácticas respetables porque se desprenden de los valores de al menos algún grupo identitario. Pero no aceptamos este tipo de prácticas, ¿por qué? Porque sabemos que todos compartimos algo, que hay en cada uno de nosotros una dignidad inalienable: una serie de necesidades comunes y preguntas límite sobre la vida que ordenan nuestro trayecto vital. Esas intuiciones de base nos llevan a poder reflexionar sobre lo que es correcto en un sentido universal.
No hay mejor exponente de esto que Kant: si bien podemos no convenir en el contenido de una acción moral particular, sí podemos hacerlo respecto al proceso de la cual nace. Podemos encontrar razonamientos universales sobre el comportamiento humano. De ahí viene el imperativo categórico, si usted puede universalizar su pretensión, actuar bajo principios que aplicarán para usted y para los demás por igual, entonces estamos ante acción moralmente correcta.
También en esa línea argumentará Habermas: si bien hay un enorme valor en la diversidad, también hay criterios morales objetivos. Las condiciones del discurso son las que permiten evaluar la moralidad de la acción. De acuerdo con este multiculturalismo débil, el proceso racional y deliberativo nos permite evaluar una práctica dada.[2] La intuición de fondo es simple: ¿usted desearía ser esclavo, está dispuesto a ser sacrificado para saciar a los dioses, se sometería a mutilación genital para encajar en una cosmovisión que ve en el placer sexual una afrenta a la lealtad marital? Me imagino que no.
¿Entonces cómo puede la democracia liberal hacerse cargo de las últimas consecuencias de las políticas del reconocimiento? Si son heredadas, construyendo derechos podemos proteger los bienes públicos que constituyen las identidades de los miembros, no en nombre la comunidad en sí, sino reconociendo que el contenido de la autonomía y libertad de los miembros se encuentra anclada en esa identidad ancestral que es menester proteger en nombre de la propia autonomía. Si son identidades sexuales o electivas, la propia democracia liberal ya tiene los dispositivos deliberativos y normativos para procesar esas demandas y proteger a los derechos de esa comunidad. No se han fortalecido lo suficiente, toca hacerlo.
El punto aquí es que, en el mar de posibilidades identitarias, hemos de distinguir entre las demandas de reconocimiento de los pueblos originarios, las de la diversidad sexual y, por ejemplo, las demandas identitarias que provienen de la elección de un estilo de vida. Las primeras exigen derechos colectivos, las segundas y terceras requieren un entramado normativo que vele por la dignidad de los individuos que componen esos grupos. Todo esto es posible desde la búsqueda de principios morales universales. Es más, me atrevería a afirmar que solamente es posible desde una ética común y un entramado normativo liberal capaz de atender los derechos individuales a partir de principios universales.
[1] Citado en Peña, Carlos, La política de la identidad. ¿El infierno son los otros?, Taurus, 2022, p. 104.
[2] Ver Peña, Carlos, La política de la identidad. ¿El infierno son los otros?, Taurus, 2022, p. 154.
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