En seguridad pública hay una pregunta mucho más difícil de responder que por qué aumentaron los homicidios: ¿por qué disminuyeron?
Parece una contradicción. No lo es. Cuando la violencia aumenta, las explicaciones aparecen de inmediato. Se culpa a un gobierno, a una política pública, a una organización criminal o a una decisión equivocada. Pero cuando los homicidios bajan ocurre exactamente lo mismo. También llegan las respuestas inmediatas: fue la nueva administración, una captura relevante, un operativo exitoso o las siempre mentadas "estrategias de seguridad". Lo curioso es que, muchas veces, las conclusiones aparecen antes que la evidencia.
Hace unos días, el Council on Criminal Justice reportó que 30 ciudades de Estados Unidos registraron una reducción cercana a 18 por ciento en los homicidios durante la primera mitad de 2026. En términos absolutos, significa que aproximadamente 215 personas no perdieron la vida en comparación con el mismo periodo del año anterior. La noticia, por supuesto, merece celebrarse. Sin embargo, lo más interesante no fue la disminución de los homicidios, sino la cautela con la que reaccionaron los investigadores.
En lugar de atribuir el resultado a una sola decisión, reconocieron que todavía no existe evidencia suficiente para afirmar qué provocó esa reducción. Plantearon distintas hipótesis: una mejor actuación policial y de investigación, el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia, la recuperación de servicios comunitarios afectados durante la pandemia, cambios en algunos mercados de drogas, transformaciones demográficas e incluso una menor intensidad en los conflictos entre grupos criminales. Probablemente ninguna explicación, por sí sola, sea suficiente. La respuesta parece encontrarse en la combinación de varios factores.
Esa es una lección que vale la pena traer a México.
Conocer las causas no es una discusión académica. Es la única forma de identificar buenas prácticas que puedan replicarse. Si una mejor coordinación entre instituciones produjo resultados, conviene fortalecerla. Si determinadas capacidades de investigación hicieron la diferencia, habrá que invertir más en ellas. Si la atención médica logró salvar más vidas después de una agresión, también forma parte de la respuesta del Estado. Y si ciertos programas comunitarios redujeron factores de riesgo, lo inteligente es preservarlos antes que sustituirlos por la siguiente ocurrencia.
Por supuesto, hay un elemento que atraviesa cualquier explicación seria: el Estado de derecho. Sin instituciones capaces de prevenir, investigar, detener, procesar y sancionar conforme a la ley, cualquier disminución de la violencia será frágil. Pero incluso con instituciones sólidas, sigue siendo indispensable entender qué decisiones, capacidades o políticas públicas producen mejores resultados. Solo así es posible construir conocimiento que pueda trasladarse de un municipio a otro, de un estado a otro y, eventualmente, convertirse en una política pública nacional.
La misma lógica debería reflejarse en la forma de comunicar los avances. Una reducción de homicidios merece reconocerse, pero también explicarse con responsabilidad: presentar porcentajes y cifras absolutas, comparar periodos equivalentes, distinguir entre tendencias nacionales, estatales y municipales, y reconocer con honestidad qué hipótesis siguen sin demostrarse.
Porque en seguridad existe una diferencia enorme entre medir resultados y explicar sus causas. Los primeros pueden conocerse relativamente pronto; las segundas requieren tiempo, evidencia y la humildad para aceptar que los fenómenos complejos rara vez obedecen a una sola razón.
Al final, la pregunta más importante no es si los homicidios bajaron, sino por qué lo hicieron. Solo aquello que se comprende puede perfeccionarse, replicarse y convertirse en una política pública capaz de salvar más vidas.
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