En Ojocaliente, Zacatecas, al menos 200 kilos de explosivos dejaron 11 personas heridas y daños en 63 viviendas. Pensemos en lo contrario: miles de artefactos retirados de circulación antes de hacer daño. Los primeros hicieron ruido y ocuparon titulares. Los segundos cuentan la historia menos visible: la del daño que pudo evitarse.
Las cifras son contundentes. De enero a agosto de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 5,648 artefactos explosivos: un promedio de 706 al mes, 221% más que en 2024. Desde enero de 2025 sumaron 15,452: casi tres cuartas partes de lo asegurado por Defensa desde 2020.
En Maguarichi, Chihuahua, se localizaron 6,324 piezas de explosivos, 1,100 kilos de agente explosivo y más de cinco mil iniciadores. Ya en septiembre, un operativo en Sinaloa aseguró otros 84 artefactos improvisados. No todos estarían listos para usarse, pero cada dispositivo retirado reduce la capacidad de ataque. El patrón es nacional y confirma que ya no se trata de hechos excepcionales.
¿Por qué el crimen está recurriendo a los explosivos? Porque permiten ejercer control sin estar presentes: amplifican el daño, el miedo y el impacto mediático. Pueden ocultarse en caminos, colocarse en vehículos o viajar en drones. Así atacan a distancia, frenan el avance de las autoridades y convierten cualquier trayecto en una amenaza.
También hacen propaganda. Un disparo intimida a quien lo escucha; una explosión puede paralizar a toda una comunidad. Cierra comercios, vacía caminos y envía un mensaje a rivales y autoridades. El objetivo no siempre es causar el mayor número de víctimas, sino demostrar que pueden alterar nuestra vida cotidiana cuando lo decidan.
Hay otra razón: la adaptación. Cuando las instituciones detienen operadores y dificultan el avance de convoyes armados, los grupos buscan recursos que compensen esa presión. Los artefactos improvisados son relativamente baratos, pueden construirse con componentes comerciales o industriales y obligan al Estado a movilizar personal y equipo altamente especializados. Es una ecuación desigual: una inversión criminal relativamente pequeña puede imponer costos operativos, sociales y psicológicos mucho mayores.
El aumento admite más de una lectura: el crimen puede tener más explosivos, pero las autoridades también encuentran lo que antes permanecía oculto. Probablemente refleja ambas cosas: una amenaza creciente y mejores capacidades de detección. Reconocer la coordinación federal y estatal no minimiza el riesgo; ayuda a entenderlo y permite respaldar una política que está llegando antes de la detonación.
Ahora cada hallazgo debe llevar a la cadena completa: quién consiguió los materiales, quién los trasladó, quién sabe ensamblarlos, quién financió la operación y quién dio la orden. Además, los componentes, la forma de armado y los mecanismos de activación pueden ayudar a relacionar distintos casos. Quitarle al crimen un explosivo es importante. Desmantelar la red capaz de reemplazarlo es el verdadero golpe.
Porque en seguridad no todo éxito deja una fotografía espectacular. A veces tiene la forma de una carretera que sigue abierta, una escuela que recibe a sus alumnos y un policía que regresa a casa. La bomba que no hizo ruido también merece ser noticia.
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