México y Estados Unidos pueden discutir de política por la mañana y compartir inteligencia por la tarde.
No es una contradicción. Es, de hecho, una de las partes más interesantes de la relación bilateral actual.
Esta semana, Omar García Harfuch lo dejó bastante claro en Buenos Aires. Mientras entre ambos países existen diferencias públicas y discusiones sobre soberanía, injerencia y otros asuntos políticos, el secretario de Seguridad habló de una relación operativa mucho más pragmática: intercambio rápido de información, inteligencia compartida, investigaciones paralelas y operaciones coordinadas. Incluso señaló que la cooperación con la DEA se ha incrementado significativamente.
Pero hubo otro dato quizá todavía más importante.
Harfuch explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana y la OFAC, del Departamento del Tesoro estadounidense, están identificando conjuntamente redes financieras relacionadas con organizaciones criminales y coordinando acciones “como nunca antes”.
Traducido del lenguaje burocrático: ya no se trata únicamente de encontrar al criminal. También se trata de encontrar su dinero.
Y eso cambia bastante la película.
La inteligencia policial busca personas, vehículos, domicilios, armas y cargamentos. La financiera busca empresas, cuentas, propiedades, prestanombres y transferencias. Una intenta localizar al operador; la otra, entender quién paga la operación.
Los cateos recientes relacionados con hidrocarburos ayudan a explicar por qué importa.
En Jalisco, autoridades localizaron pipas, tractocamiones y combustible, pero también equipos especializados para analizar hidrocarburos y decenas de dispositivos electrónicos. Los indicios no prueban por sí mismos cómo funcionaba la operación, pero sí muestran algo bastante más sofisticado que una bodega improvisada.
En Veracruz, otro cateo dejó más de 51 mil litros de combustible asegurado junto con armas, municiones y vehículos.
Ahí aparecen juntas dos caras del crimen: negocio y violencia.
Porque mover combustible ilegalmente en gran escala requiere mucho más que una pipa. Se necesitan rutas, bodegas, compradores, proveedores, vehículos, protección y dinero. En algún lugar alguien administra todo eso.
Probablemente hasta con Excel.
Estados Unidos ya ha utilizado sanciones financieras contra redes relacionadas con el contrabando de combustible y empresas fachada vinculadas con organizaciones criminales; algunas de esas acciones han sido desarrolladas conjuntamente con la UIF mexicana.
Esa puede ser una evolución importante de la estrategia.
Durante años nos hemos acostumbrado a celebrar la captura del jefe. El problema es que las organizaciones criminales suelen encontrar otro.
Cambiar al número uno puede tomar días.
Reconstruir empresas, cuentas, prestanombres, proveedores, compradores y redes de lavado puede tomar bastante más.
Por eso la cooperación financiera entre México y Estados Unidos merece tanta atención como la operativa.
La política bilateral seguirá teniendo diferencias. Es normal entre dos países con intereses propios.
Pero mientras la política discute, hay otra conversación mucho menos ruidosa y quizá más útil: quién mueve el dinero, cómo lo mueve y qué pasa si logramos cortarle el flujo.
Porque detener al hombre armado importa.
Pero encontrar al que paga la nómina puede doler bastante más.
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