¿México debería desaparecer a las policías municipales y entregar sus funciones a la Guardia Nacional?
La pregunta volvió a la mesa después de que el gobernador de Michoacán propusiera abrir un debate nacional sobre el tema. La razón no es menor: hay corporaciones municipales que han sido infiltradas por el crimen organizado, carecen de recursos suficientes o simplemente fueron rebasadas.
El diagnóstico, sin embargo, no es nuevo.
Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, prácticamente todos los planes nacionales de desarrollo han reconocido la necesidad de fortalecer las instituciones civiles de seguridad. Han cambiado los programas, los nombres y los modelos policiales, pero el diagnóstico permanece.
Y eso dice mucho.
Porque si la solución consistiera únicamente en concentrar más responsabilidades, recursos y fuerza en las instituciones federales —incluso las de carácter militar—, difícilmente cada nuevo Plan Nacional de Desarrollo volvería a insistir en fortalecer a las policías civiles. Si el mismo problema aparece sexenio tras sexenio, es porque la tarea nunca terminó de hacerse.
Sería injusto decir que no hubo esfuerzos. Existieron subsidios, controles de confianza, academias, certificaciones y modelos nacionales de profesionalización. El problema fue otro: casi ninguno logró sobrevivir a los ciclos políticos.
Un municipio podía empezar a profesionalizar a su policía y, tres años después, cambiar a sus mandos, sustituir a buena parte de sus integrantes o abandonar el proyecto. La carrera policial quedó subordinada a las elecciones y, con demasiada frecuencia, los nombramientos respondieron más a afinidades políticas que a perfiles profesionales.
Al perro más flaco se le cargan las pulgas.
Mientras las organizaciones criminales crecían en recursos, armamento y capacidad de corrupción, las policías municipales seguían siendo, en muchos casos, la institución con menos presupuesto, menor estabilidad y mayor vulnerabilidad. Y aun así, se esperaba que enfrentaran los problemas más complejos.
Desaparecerlas puede parecer una solución rápida. Pero también puede ser una salida demasiado sencilla para un problema mucho más profundo.
La Guardia Nacional puede enfrentar organizaciones criminales y operar en regiones de alta violencia. Lo que difícilmente puede sustituir es la función cotidiana de una policía cercana a la comunidad: atender violencia familiar, conflictos vecinales, robos, personas desaparecidas, violencia contra las mujeres o identificar a tiempo a jóvenes que comienzan a ser reclutados por la delincuencia.
La ONU sostiene que la seguridad requiere instituciones civiles profesionales y cercanas a la ciudadanía. Esa proximidad permite prevenir delitos y generar la confianza que difícilmente puede construirse desde una estructura nacional.
La discusión tampoco debería ser si todos los municipios deben conservar, sin excepción, una policía propia. Hay localidades demasiado pequeñas para sostener una corporación profesional, donde podrían construirse esquemas regionales o asumir temporalmente determinadas funciones desde el ámbito estatal.
Pero eso es muy distinto a renunciar por completo a las policías municipales.
Lo que México necesita es establecer condiciones mínimas para conservarlas: suficientes integrantes, salarios dignos, carrera policial, controles de confianza permanentes, supervisión ciudadana y capacidades reales de prevención. Cuando un municipio no pueda cumplirlas, el estado debe intervenir para reconstruir la institución, no para sustituirla definitivamente.
Y hace falta una decisión política que durante décadas se ha pospuesto: dejar de utilizar a las policías como espacios de reparto de cargos; denunciar y sancionar, no solo separar del cargo a quien se corrompe; proteger a quienes denuncian desde dentro y recuperar fondos permanentes para el desarrollo policial.
Construir policías confiables cuesta tiempo, dinero y voluntad política. Precisamente por eso resulta más fácil desaparecer una institución que reconstruirla.
La propuesta del gobernador de Michoacán abre un debate necesario. Pero quizá la pregunta de fondo no sea si debemos desaparecer a las policías municipales, sino por qué, después de más de 30 años de diagnósticos prácticamente idénticos, México sigue sin decidirse a construir instituciones civiles de seguridad verdaderamente fuertes.
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