Imaginemos dos ciudades vecinas.
La primera se llama Santa Esperanza. Ahí ocurren constantemente ataques armados, homicidios múltiples y hechos de alto impacto. Los medios nacionales hablan de ella todos los días. Las estadísticas de violencia son elevadas y la percepción ciudadana es de crisis permanente.
La segunda se llama Villa Serena. Está a apenas 30 minutos de distancia. Sus cifras de homicidio son sorprendentemente bajas. Prácticamente no hay homicidios y sus autoridades presumen que viven en una realidad completamente distinta.
Sin embargo, las investigaciones comienzan a encontrar un patrón.
Los vehículos utilizados en varios ataques salen de Villa Serena. La mayoría de los responsables vive ahí. Las reuniones de coordinación criminal ocurren ahí. Los recursos económicos se administran desde ahí. Incluso algunos líderes del grupo criminal mantienen propiedades y negocios en ese municipio.
¿Por qué la violencia ocurre en Santa Esperanza, pero los responsables parecen operar desde Villa Serena?
La respuesta se encuentra en un fenómeno conocido por especialistas en crimen organizado como externalización de la violencia.
Los grupos criminales suelen buscar lugares donde puedan operar con menor presión institucional. Si encuentran autoridades tolerantes, coludidas o simplemente incapaces de actuar, esos territorios se convierten en zonas de refugio, planeación y protección.
Desde ahí pueden dirigir actividades ilícitas hacia municipios vecinos sin necesidad de generar violencia en su propio territorio.
En este escenario, Villa Serena mantiene artificialmente bajos sus indicadores de homicidio porque la violencia se ejerce en otro lugar. Los asesinatos, las desapariciones y los enfrentamientos ocurren fuera de sus límites administrativos.
Políticamente, esto genera incentivos perversos.
Mientras Santa Esperanza enfrenta cuestionamientos públicos por sus cifras de violencia, Villa Serena presume resultados positivos. Los indicadores parecen mostrar un gobierno exitoso, aunque parte de esa aparente tranquilidad derive precisamente de acuerdos informales, protección política o tolerancia hacia estructuras criminales.
Por eso las mejores prácticas internacionales han insistido en que la evaluación de la seguridad no puede limitarse a contar homicidios dentro de un territorio.
En lugares como Italia, diversas investigaciones demostraron que municipios con bajos índices de homicidio podían funcionar como centros de protección política, financiera y logística de organizaciones mafiosas. Algo similar ocurrió en regiones de Colombia durante distintas etapas del conflicto con organizaciones narcotraficantes.
La pregunta correcta no es únicamente dónde aparecen las víctimas mortales.
Uno de los errores más frecuentes en materia de seguridad es asumir que la ausencia de homicidios equivale automáticamente a la ausencia de criminalidad. Los homicidios muestran dónde se manifestó la violencia, pero no necesariamente dónde se planeó, dónde se protegió o dónde se permitió que ocurriera.
La discusión debe ampliarse; hay que preguntarse también por el territorio donde los criminales toman decisiones, se esconden, utilizan su dinero, construyen redes de protección y encuentran un refugio sin molestias.
Para entender la seguridad de una región, al observar los territorios desde donde operan quienes ordenan y ejecutan la violencia, es necesario fortalecer la inteligencia, la investigación patrimonial, el análisis de redes criminales y si hay mecanismos de control sobre autoridades locales. La verdadera paz no consiste en desplazar el lugar donde ocurre el homicidio, sino en impedir que existan territorios donde el crimen se sienta protegido.
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