“Nosotros no sabíamos”, es la frase que aparece cuando un alcalde es detenido, cuando un gobernador es investigado o cuando un candidato termina ligado al crimen organizado.
Pero en México, esa explicación hace tiempo dejó de ser suficiente.
Porque los partidos políticos no son solo plataformas electorales. Son quienes deciden a quién le entregan una candidatura, una estructura, recursos, legitimidad y la posibilidad de gobernar. Y cuando una persona vinculada al crimen llega al poder, rara vez llega sola. Llega impulsada por un partido.
La discusión volvió a tomar fuerza tras la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos que permitan detectar posibles vínculos criminales antes de que una candidatura aparezca en la boleta. El tema no es menor. Porque toca uno de los vacíos más incómodos de nuestra democracia.
Hoy, en términos legales, los partidos tienen muy poca responsabilidad directa cuando postulan a alguien que después termina relacionado con el crimen organizado.
La responsabilidad casi siempre recae únicamente en la persona candidata.
Y sí, eso tiene lógica hasta cierto punto. Nadie puede ser condenado por rumores. Tampoco se puede destruir la vida pública de alguien únicamente por sospechas o investigaciones sin sentencia. Ahí existe un riesgo real de persecución política y de uso faccioso de las instituciones.
Pero una cosa es respetar derechos… y otra muy distinta fingir que nunca hubo señales.
Porque muchas veces sí las hubo: relaciones públicas conocidas en la región, operadores violentos, financiamiento opaco, incrementos patrimoniales difíciles de explicar. O municipios donde “todo mundo sabía”.
Y aun así fueron candidatos. A veces por cálculo político. Otras por dinero. Algunas por miedo. Y muchas porque terminó normalizándose la idea de que en ciertas zonas “así se gana”.
Ese es el verdadero problema.
La infiltración criminal ya no empieza solamente cuando alguien llega al cargo y se corrompe. Muchas veces empieza antes: desde la selección de candidaturas.
Por eso la discusión no debería limitarse a si un candidato cometió delitos. La pregunta también tendría que alcanzar a quienes decidieron postularlo.
Y quizá el primer paso sea aceptar algo básico: los partidos políticos también deberían tener obligaciones reales de prevención.
Por ejemplo, podría exigirse que cada partido cuente con mecanismos internos de evaluación de riesgos para candidaturas en zonas de alta presencia criminal. No para sustituir a las autoridades, sino para acreditar que sí realizaron revisiones mínimas y que no ignoraron deliberadamente señales evidentes.
También podría fortalecerse la revisión del origen del financiamiento de campañas desde etapas más tempranas, porque muchas veces el problema no aparece hasta después de la elección, cuando las estructuras criminales ya se instalaron en el poder.
Incluso sería razonable discutir responsabilidades administrativas o electorales para partidos que hayan actuado con negligencia grave. No porque un candidato resulte acusado automáticamente vuelva culpable al partido, sino porque tampoco puede seguir existiendo absoluta impunidad política frente a postulaciones claramente riesgosas.
Otra medida importante sería transparentar mucho más los procesos internos de selección. En muchos casos, ni la propia militancia sabe quién tomó realmente la decisión de impulsar determinadas candidaturas. Y cuando todo sale mal, nadie asume responsabilidad.
También haría falta construir sistemas de alertamiento institucional entre autoridades electorales, fiscalías y unidades de inteligencia financiera, pero con controles claros y supervisión judicial, para evitar persecuciones políticas o filtraciones facciosas.
Porque ese es el reto verdadero: cómo impedir la infiltración criminal sin destruir derechos ni convertir las elecciones en guerras de acusaciones.
Y aunque no existe una solución perfecta, sí hay algo claro: normalizar candidaturas de alto riesgo tampoco puede seguir siendo opción.
Porque cuando el crimen logra influir en quién puede competir por el poder, la democracia empieza a deformarse desde adentro.
Y quizá una de las discusiones más urgentes para México ya no es solamente cómo castigar a funcionarios vinculados al crimen cuando el daño está hecho, sino cómo evitar que lleguen a aparecer en la boleta.
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