Un gobierno que se sabe observado tiene dos salidas: rendir cuentas o reducir el número de ojos. Éste eligió la segunda, y lo ha hecho con método.
El 12 de agosto, la Consejería Jurídica de la Presidencia proyectó desde Palacio Nacional los nombres de periodistas, medios, activistas y legisladores de distintas fuerzas políticas, presentados como piezas de un ecosistema de amplificación. El trabajo se pagó con dinero público y se difundió desde el edificio donde se deciden concesiones y publicidad oficial. Un día después vino la aclaración de que no eran listas negras. La aclaración sobra: el efecto no depende del nombre que se le ponga al documento, sino de quién lo firma y desde dónde. Ese mismo aparato quiere ahora escribir, a través de un regulador que depende del Ejecutivo, los lineamientos que definirán los derechos de las audiencias. El gobierno decidiendo qué merece escucharse.
Mientras tanto, el Estado mexicano no protege a quienes informan. El Mecanismo de Protección a Periodistas actúa cuando la agresión ya ocurrió, en un país que sigue entre los más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, y la conferencia matutina lleva años descalificando a reporteros con nombre y apellido. La misma administración eleva el riesgo y administra el remedio.
El propósito de todo esto se entiende mejor con el otro expediente abierto. A finales de abril, fiscales federales estadounidenses acusaron ante una corte de Nueva York al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a ocho funcionarios y exfuncionarios más por narcotráfico, conspiración y vínculos con la facción de "Los Chapitos". Dos se entregaron allá. El general retirado Gerardo Mérida, que fue secretario de Seguridad Pública, cruzó voluntariamente por Arizona y el 11 de agosto desapareció del registro penitenciario estadounidense, movimiento que en esos procesos suele indicar un acuerdo de cooperación. En México no hay proceso equivalente contra ninguno de ellos. Hay licencias, silencio de la bancada y una fiscalía que no encuentra lo que un fiscal de Brooklyn documentó.
La discusión pública, entretanto, se fue una semana detrás de la visa cancelada de Andrés Manuel López Beltrán y de su carta a Donald Trump. Pirotecnia útil. Un permiso consular que un gobierno extranjero concede y retira sin explicarse ocupó el lugar que le correspondía a una acusación penal con expediente, testigos y juez.
Encubrir y silenciar son la misma operación vista desde dos ángulos. Se protege a los propios y se encarece el trabajo de quienes podrían señalarlos. La soberanía invocada para no investigar es el mismo argumento que se usa para decidir qué puede decirse: en ambos casos significa que nadie de fuera del círculo tiene derecho a preguntar.
Nosotros vamos a preguntar en la tribuna, con nombres y con fechas, hasta que alguien tenga que contestar bajo protesta de decir verdad.
Recomendar Nota
