El voto es una acción individual que construye comunidad y colectividad, una visión del nosotros, por encima del yo. Esa afirmación, que hoy parece obvia, tardó décadas en garantizarse. Las mujeres lograron el sufragio pleno apenas en 1953 y votaron por primera vez en una elección federal en 1955, tras un largo proceso de exclusión que las trató como extensión del hogar antes que como ciudadanas con voluntad propia. Por eso resulta inquietante que, siete décadas después, ese acuerdo vuelva a discutirse en público.
Javier Albarrán, militante del PAN en Metepec, Estado de México, lo planteó sin rodeos en redes sociales: sustituir el voto individual por un sufragio "por casa, por familia", emitido por una sola persona en representación de todo el hogar. Según explicó, el voto actual es "demasiado individual" y no pondera al núcleo familiar; una sola voz por casa, argumentó, produciría decisiones más responsables. No fue la única voz esta temporada: la abogada Natalia Torres, por su parte, propuso condicionar el sufragio a un examen de conocimientos cívicos. Ninguna de las dos propuestas prosperó como iniciativa formal, pero ambas lograron algo más difícil de revertir: instalar la idea en la conversación pública como si fuera una opción razonable de discusión, y no una ruptura con el pacto democrático.
Quienes defienden estas fórmulas apelan a la cohesión familiar y a cierta nostalgia por un orden social percibido como más estable. Pero el fondo del planteamiento es incompatible con los principios que sostienen una democracia liberal: la ciudadanía no se hereda ni se delega, se ejerce. Cualquier fórmula que condicione el voto de una persona a la decisión de otra —sea el cónyuge, el padre o el jefe de familia— vacía de sentido la igualdad ante la ley que el Estado de derecho está llamado a proteger. Se trata de una reversión del principio mismo de representación individual sobre el que se erige la democracia moderna, más allá de cómo se le presente en el debate público.
El liberalismo político y el pensamiento socialdemócrata coinciden, aunque partan de tradiciones distintas, en un punto: la libertad de cada persona para decidir sobre su vida pública y privada no admite intermediarios no solicitados. Amartya Sen lo explicó con claridad al mostrar que el desarrollo de una sociedad se mide, entre otras cosas, por la capacidad real de sus integrantes —y en particular de las mujeres— para participar en las decisiones que los afectan. Un país que retrocede en ese terreno compromete su legitimidad democrática, más allá de cualquier ganancia aparente en estabilidad.
El contraste no es solo doméstico. En días recientes, el régimen de Daniel Ortega anunció que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, cancelando de facto el derecho de su ciudadanía a elegir representantes. Ningún gobierno puede llamarse democrático si le niega ese derecho a su pueblo, y ninguna sociedad debería tratar la posibilidad de votar como una concesión revocable del poder en turno. Lo que se discute en México y lo que ocurre en Nicaragua son, en el fondo, la misma pregunta formulada desde extremos distintos: si el voto es un derecho de la ciudadanía o un privilegio que algunos pueden administrar, limitar o retirar según convenga.
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