Uno se llama Andrés Manuel López Beltrán, es hijo del expresidente López Obrador, y el otro se llama Fabio Luís Lula da Silva, le dicen Lulinha, y es hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policía Federal de Brasil investiga a Lulinha, que tiene abiertos tres expedientes por sospechas de tráfico de influencia y corrupción en favor de empresas señaladas por hacer negocios con el gobierno de su famoso padre.
Dos investigaciones sobre el hijo del presidente están bajo supervisión del Supremo Tribunal Federal, que equivale a nuestra Suprema Corte de Justicia, cuya función es garantizar que se respeten las leyes fundamentales en Brasil.
Eso es tener instituciones sólidas.
Una de las indagatorias sigue movimientos de dinero relacionado con las gestiones de la lobista Roberta Luchsinger, cercana a Lulinha, el Andy brasileño.
La otra investigación busca esclarecer un intento de hacer negocios con el Ministerio de Salud, para la adquisición de medicamentos derivados de cannabis.
Lulinha niega cualquier irregularidad. Puede ser inocente. Y para saberlo, lo están investigando.
Ahora veamos al Andy mexicano.
Nuestro Andy (López Beltrán) no tiene tres investigaciones del Ministerio Público. La FGR informó que ni siquiera tiene abierta una investigación contra él por huachicol fiscal.
Razones hay de sobre para hacerlo.
Su nombre y el de los integrantes de su círculo cercano llevan años apareciendo en investigaciones periodísticas sobre negocios realizados durante el gobierno de su padre.
“El Clan”, por ejemplo, es la red que Latinus ha documentado, compuesta por amigos y familiares de los López Beltrán.
Ahí hay un personaje que siempre aparece: Amílcar Olán, amigo (¿pariente?) de Andy, cuyas empresas hicieron negocios multimillonarios con el gobierno y sus proyectos insignia.
Está el Tren Maya.
Audios difundidos por Latinus exhibieron conversaciones de Olán sobre el negocio del balasto para las vías, controles de calidad y su cercanía con los hijos de López Obrador.
Está el sector salud.
Romedic, empresa ligada a Amílcar Olán, obtuvo contratos por cientos de millones de pesos para medicamentos e insumos.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó contratos por 490 millones de pesos en Quintana Roo y Tabasco.
Está el huachicol fiscal.
Sobre el gigantesco contrabando de combustibles existen testimonios que mencionan directamente a Andrés Manuel López Beltrán.
El abogado del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, confirmó públicamente que hay declaraciones que hacen referencia a Andy como protector de la red delictiva.
Nada de lo anterior prueba que Andy haya cometido algún delito. Aunque, sin duda, amerita investigar.
También hay una conexión que merece, cuando menos, esclarecerse.
Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada a Amílcar Olán, recibió combustible de Ikon Midstream, que es una compañía texana investigada por autoridades estadounidenses y mexicanas por contrabando de combustibles.
Agentes federales estadounidenses catearon las oficinas de Ikon en Houston y extrajeron documentación de sus operaciones, incluidas las realizadas con Portacelis.
Como lo plasmó esta semana El Universal en su primera plana: la red del “Clan” se despliega como la humedad.
El amigo de Andy (familiar, y que ya colabora con la justicia estadounidense, señaló Raymundo Riva Palacio en su Estrictamente Personal), aparece en el Tren Maya, en contratos de medicamentos y en el negocio del combustible.
Andy no solo aparece por proximidad personal. Su nombre está en diversos testimonios relacionados con las investigaciones del huachicol fiscal.
¿Qué hizo la fiscalía mexicana ante semejante acumulación de señalamientos?
Sí, hizo algo: aclaró que no lo investiga.
La diferencia es clara, ¿verdad?
En Brasil aparecen indicios alrededor del hijo del presidente y la Policía Federal investiga.
Aquí, con nuestro Andy, hay denuncias, audios, negocios de los amigos, investigaciones periodísticas y testimonios que lo mencionan y la fiscalía explica por qué no lo investiga.
Lulinha puede resultar inocente. Andy también, pero la presunción de inocencia no significa intocabilidad como la interpreta, en este caso, la FGR.
Para averiguar si los señalamientos son ciertos o falsos existen las fiscalías.
Claro, eso en países con Estado de derecho, aunque gobierne la izquierda, el centro o “los conservadores”.
En Brasil existe Estado de derecho. En México fue abolido por una reforma anticonstitucional que impulsó el papá de Andy poco antes de dejar la Presidencia.
Todo el poder quedó en manos de un partido, el que fundó el papá de Andy.
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