Ayer los estadounidenses renovaron la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado. Al momento de escribir esta columna se desconoce el resultado y en México la pregunta es inevitable: ¿qué significa el resultado para nuestra economía? Mi respuesta es menos dramática de lo que muchos esperan: muy poco.
La razón es institucional. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de fijar aranceles, pero a lo largo de un siglo esa facultad se delegó al presidente mediante leyes específicas. Cuando la Suprema Corte invalidó en febrero los aranceles basados en la ley de emergencias económicas, la Casa Blanca no retrocedió, simplemente cambió de instrumento. Hoy los aranceles que más pesan sobre México, 50% al acero, aluminio y cobre, bajo la Sección 232, y 10% a los bienes que no cumplen las reglas del T-MEC, bajo la Sección 301, se aplican sin que el Congreso vote.
Un Congreso de oposición podría aprobar leyes para derogar o acotar esas facultades. Pero el presidente las vetaría, y superar un veto exige dos tercios en ambas cámaras. Ningún escenario electoral produce esa mayoría.
Tampoco hay motivos para esperar un cambio de rumbo voluntario. La mayoría de los especialistas coincide en que una derrota traería audiencias y votaciones simbólicas, pero no frenaría la política arancelaria del presidente Trump. Observan que la administración, lejos de ceder ante el descontento, ha redoblado su apuesta. Algunos incluso anticipan nuevos aranceles después de la elección. Quien espere que hoy amaneció otro Washington, se equivoca.
¿Significa esto que México está en problemas? No necesariamente. Paradójicamente, nuestra posición arancelaria es de las mejores. El arancel efectivo que pagan nuestras exportaciones en Estados Unidos ronda 3.3%, menos de la mitad del promedio para todas las importaciones del mundo y una fracción del que enfrenta China. La razón es que gracias al T-MEC 83% de lo que vendemos allá entra libre de arancel.
Por eso la variable que realmente importa no es quién controla el Capitolio, sino si se mantiene el trato preferencial del tratado. Desde que Estados Unidos rechazó en julio extenderlo por 16 años, el T-MEC vive en revisión anual, con una agenda importante de temas pendientes. Ahí, y no en las urnas, se juega el futuro de nuestras exportaciones.
Los desafíos que enfrenta nuestra economía son principalmente internos. La economía crece, pero poco: tras un 0.6% en 2025, avanza cerca de 2% en lo que va de 2026. La inversión privada se contrajo el año pasado porque las empresas esperan reglas claras. La deuda pública sigue subiendo pese al ajuste fiscal, y Banxico tiene poco margen para bajar tasas con una Reserva Federal que esta considerando seriamente subir las suyas.
México no enfrenta una crisis, sino un crecimiento mediocre. Las elecciones de hoy cambiarán el tono en Washington, pero no cambiarán el arancel. Lo que sí podemos cambiar está de este lado de la frontera: ofrecer certeza jurídica, cumplir con las metas de consolidación fiscal, asignar sensatamente el gasto y la inversión pública y garantizar seguridad. Nuestro futuro está más en nuestras manos que en las de los vecinos.
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