Saltillo, Coah.- Hay decisiones que, aunque no llegan a concretarse, no significa que debamos olvidarnos de que alguien las imaginó, las redactó, las propuso y, en algunos casos, hasta las aprobó.
Esta semana, el Tribunal Electoral eliminó la llamada Variable 14, incluida por el INE en la metodología para monitorear la cobertura de radio y televisión durante las próximas campañas electorales.
El nombre ya decía bastante: “mecanismos discursivos indirectos de descalificación”. En términos prácticos, abría la posibilidad de monitorear la ironía, el sarcasmo, las minimizaciones, tonos de voz, gestos y expresiones de quienes hacemos comunicación.
Afortunadamente la Cámara de la Industria de Radio y Televisión impugnó. Afortunadamente el tribunal corrigió y determinó que se trataba de criterios subjetivos capaces de generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.
Pero hay una pregunta que permanece: ¿cómo llegamos hasta ahí?
Porque la Variable 14 no apareció de la nada. Fue diseñada por una autoridad electoral, incorporada a una metodología y aprobada por el Consejo General del INE.
Y nos preocupa porque no es la única señal.
Hace apenas unas semanas vimos, desde un espacio oficial, la presentación de nombres de periodistas y medios señalados por supuestamente formar parte de un ecosistema de amplificación de mensajes contra la llamada cuarta transformación. Después se aclaró que no se trataba de una “lista negra”. Pero los nombres fueron exhibidos.
También hemos discutido lineamientos sobre derechos de las audiencias cuya primera versión despertó preocupación por la posibilidad de que una autoridad terminara entrando en terrenos tan delicados como determinar qué información es falsa o descontextualizada. La versión final corrigió varios de esos puntos. Otra vez: qué bueno.
Y en los estados encontramos más señales. Puebla ha enfrentado una discusión judicial por el llamado delito de ciberasedio y en Quintana Roo organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre reformas que pueden afectar el ejercicio periodístico.
Por separado, cada caso tiene explicaciones, contextos e incluso correcciones posteriores.
El problema aparece cuando comenzamos a ponerlos juntos.
Porque la libertad de expresión no desaparece solo el día en que alguien ordena cerrar un periódico o apagar un micrófono. También puede erosionarse cuando quien pregunta comienza a preguntarse si vale la pena hacerlo; cuando quien critica calcula las consecuencias; cuando el periodista sabe que puede terminar señalado, exhibido, denunciado o monitoreado.
Y aquí entra algo que me parece fundamental: la intención también importa.
No sé cuál es la intención del gobierno federal, del INE o de cada autoridad que ha impulsado estas medidas. Precisamente por eso hay que preguntar.
¿Cuál es la intención de monitorear la ironía de un periodista? ¿Qué se busca al registrar sus gestos? ¿Para qué exhibir públicamente a comunicadores críticos? ¿En qué momento proteger derechos comienza a confundirse con vigilar la manera en que se cuestiona al poder?
Una democracia necesita autoridades capaces de soportar la crítica. También la incómoda, la dura, la irónica y hasta la injusta. Gobernar implica estar bajo escrutinio.
Y aunque muchas de estas propuestas hayan sido corregidas o detenidas, sería un error quedarnos solamente con la tranquilidad de que no prosperaron.
También importa preguntarnos por qué fueron propuestas.
Porque cuando las señales comienzan a acumularse, quizá el verdadero riesgo no sea que mañana alguien nos prohíba hablar.
El riesgo es que poco a poco empecemos a preguntarnos si conviene hacerlo.
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