El jurista y exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío sostiene que hoy se garantiza el derecho a estar en una escuela, pero no el derecho a una educación de calidad. Critica la desaparición de los mecanismos independientes de evaluación, la precarización de los contenidos y un modelo que, a su juicio, reproduce la desigualdad y condena a los estudiantes más vulnerables a un futuro precario.
¿Qué significa realmente garantizar el derecho a la educación en México? Para el jurista José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la respuesta es incómoda: hoy se garantiza el derecho a estar dentro de una escuela, pero no el derecho a recibir una educación de calidad. En conversación con la experta en educación Stephanie González, Cossío analiza los fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana y teme por un proyecto educativo que habla de becas y no de derechos. Exigiendo volver a poner la calidad educativa en el centro del debate público, el exministro plantea una pregunta de fondo: si no podemos medir lo que aprenden los estudiantes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación?
Stephanie González (SG): En los últimos años, México ha intentado replantear profundamente el modelo educativo a través de la Nueva Escuela Mexicana. Antes que ampararse en las bases científicas de la educación, como que los niños aprendan matemáticas o tengan comprensión lectora, este modelo se basa en principios como la identidad, la responsabilidad ciudadana, la honestidad o la cultura de paz. Recientemente, pasamos de tener un sistema de evaluación autónomo en construcción a no tener ningún mecanismo propio, nacional e independiente. Desde su perspectiva como jurista, y como alguien que también ha estado frente a un salón de clases, ¿cómo ve hoy la educación en México? ¿Qué hay en esta nueva concepción de la educación en México? ¿Qué considera valioso y qué le genera dudas o preocupación?
José Ramón Cossío (JRC): Lo que veo son varias cosas muy contradictorias. Por un lado, los gobiernos del presidente López Obrador —que echó atrás la reforma educativa del presidente Peña— y ahora de la presidenta Sheinbaum quieren que más personas tengan acceso a la educación. Creo que con buena intención y eso, en sí mismo, es una buena noticia. Sin embargo, lo que no me queda muy claro es para qué quieren que más personas vayan a educarse. ¿Para pasar el tiempo? ¿O para prepararlos para un futuro, para un mundo que —no por razones exclusivamente mexicanas, sino globales— se está convirtiendo cada vez más en uno más complejo? Si uno supone que tuvieron mala voluntad, se podría pensar que lo que se está buscando es la construcción de clientelas políticas con el relajamiento de la evaluación y controles de ingreso a las escuelas. En suma, del sistema meritocrático.
Tengo la oportunidad de participar en distintas asociaciones y doy charlas de distinta naturaleza en escuelas, secundarias, preparatorias y universidad públicas. Lo que observo es un decrecimiento muy notable de los contenidos educativos, así como del interés de los chicos. Las escuelas se están convirtiendo —y voy a ser muy cuidadoso en esta comparación— un poco como en la cárceles, donde se amontonan gentes porque no se sabe qué hacer con ellas. En la cárceles, no se enseña a hacer nada a los presos. Sólo se les tiene ahí guardados. En las escuelas no están adquiriendo habilidades ni idiomas, tampoco comprensión lectora ni números. Qué extraño y qué triste que un gobierno que se supone que quiere ayudar a las personas a tener una mayor movilidad social, una mejor posición en el mundo, condene a los estudiantes a sólo pasar el tiempo.
Por otro lado, como parece que también está aconteciendo con otros sectores como el de la salud, ante la falta de oferta —y sobre todo de una oferta de calidad del Estado—, las personas acuden a los servicios privados. Hay un gasto de bolsillo educativo, porque las personas no reciben para sus hijos un servicio de calidad. Y entonces lo compensan con estas escuelas mal reguladas, mal preparadas y muy improvisadas. Cada día vemos más escuelitas, más kindercitos y más todo. Tenemos alrededor de 2,500 escuelas de derecho con bajísimos niveles de calidad en el país. Producimos una gran cantidad de egresados que no tienen competencias.
Uno de los efectos de este modelo es la consolidación de las élites nacionales. De clase media para arriba, los alumnos pueden ir a mejores universidades e incluso estudiar en el extranjero. Pueden compensar la falta de conocimientos en México. El modelo que quiso romper López Obrador —el de las personas con grandes diferencias sociales y económicas— más bien se reproducirá. A la hora de asignar empleos en un mundo muy globalizado, se buscan altas competencias. Los puestos de cierto nivel hacia arriba, con salarios importantes, los obtendrán aquellas personas que se educan bien en ese mundo. Mientras que abajo tienes un nivel de empleo muy precarizado donde, desafortunadamente, estarán las personas a las que el Estado —sea por clase o por educación o por falta de regulación— realmente no les está ofreciendo ningún tipo de futuro.
SG: Me quedo con la idea de que el problema del sistema educativo nacional está generando mayor desigualdad educativa y de acceso a oportunidades. Lo que usted menciona sobre las escuelas de regularización es privilegio de las personas con más altos ingresos. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen acceso a una educación de calidad? Esto me lleva a una siguiente pregunta: hace siete años, la Constitución incorporó el concepto de excelencia educativa y me sorprende que en México todavía estemos debatiendo qué es lo que esto significa, cuando en otros países ya se discute cuáles son las habilidades que se requieren en el siglo XXI frente a la inteligencia artificial. Leí una columna que usted escribió sobre una discusión en la Suprema Corte para definir qué es lo que significa excelencia educativa. Se definió como el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Todavía no queda claro que es lo que esto significa, porque ahora no tenemos un estándar que nos permita definirlo. ¿Cómo puede el Estado comprometerse constitucionalmente con el máximo logro de aprendizaje si no cuenta con mecanismos sólidos, sistemáticos e independientes, para saber qué están aprendiendo los estudiantes? Y todavía voy un poco más lejos: ¿puede existir una verdadera garantía del derecho a la educación sin la posibilidad de medir sus resultados? Usted mencionaba que el actual gobierno se ha enfocado en el acceso a la educación, pero no en brindar calidad educativa. ¿Usted cree que en México realmente se garantiza el derecho a la educación o únicamente el derecho a estar dentro de una escuela?
JRC: Yo creo que se está garantizando el derecho a estar en una escuela con independencia de las condiciones de calidad de esa escuela, de los profesores y de los planes y programas de estudio. Tengo la impresión de que López Obrador, y quienes lo rodearonn y apoyaron para diseñar la reforma, piensan que la educación —por ejemplo, la inscripción a una escuela por sí sola— produce un resultado virtuoso. En su imaginario, piensa que los valores históricos, culturales y simbólicos del pasado mexicano son lo suficientemente fuertes como para construir un presente y un futuro. No sé si es perversidad o clientelismo político, o bien una imagen muy simple de la realidad. Piensa que el pasado prehispánico es suficiente —lo decía en términos de una reserva cultural, de un humanismo mexicano. Yo creo que todos esos elementos son importantes para una nación, pero con esos elementos no construyes presente y, sobre todo, futuro. La pregunta no es si los mayas, los aztecas, los toltecas o los olmecas tenían unas enormes capacidades simbólicas, sino si esas habilidades son suficientes para que los chicos tengan una mejor calidad de vida.
Esta idea de la educación origina precarizaciones e informalidad, porque el mercado formal sí requiere de la satisfacción de ciertos méritos. No hay mecanismos de medición de los maestros ni de los alumnos. Se mete a todos los niños y niñas posibles, la mayor cantidad de horas al día al aula, sin importar los resultados, aunque no aprendan nada o muy poco. Difícil de entender, viniendo de un gobierno que quería sacar a la mayor cantidad de personas de la desigualdad. Lo que hacen es exponer a los niños a una precarización creciente.
SG: El derecho a la educación es un derecho fundamental habilitante, es decir, que habilita las capacidades de los jóvenes para ejercer el resto de sus derechos: participar en una democracia, tener oportunidades…
JRC: Me quisiera detener un segundo en el tema de ciudadanía. Se tienen que generar chicos y chicas con conocimientos, capacidades e inquietudes, una ciudadanía que se haga cargo de la cosa pública y asuma compromisos. Pero, sobre todo, que asuma obligaciones y sea titular de derechos. Algo que a mí me ha preocupado mucho siempre es que tanto el presidente López Obrador como la presidenta Sheinbaum, aun cuando en menor medida, no suelen hablar en términos de derechos. Hablan de becas, pero no de derechos.
Tú sabes muy bien que, cuando se habla de derechos, lo que generas es una relación jurídica. ¿Qué sucede si el derecho a la educación no lo ves como un derecho, sino como un beneficio que te da el Estado y como una especie de beca? Tú eres simple y sencillamente un sujeto pasivo. Al no ser un derecho constitucional en plena forma, al final de cuentas es algo que yo te doy a ti. ¿Por qué? Porque yo soy buena onda. No porque tú tengas un derecho en rigor. Tú no eres una ciudadana. Tú eres una persona que depende de lo que yo te quiera y pueda dar. Estás condicionada a mis capacidades económicas y administrativas. Esto despedaza toda la relación jurídica y acaba por anular el derecho.
SG: En la academia se ha hablado mucho de la idea de que el Derecho puede y debe ser un efectivo instrumento de transformación social. Sin embargo, México hoy atraviesa no sólamente una transformación profunda a nivel educativo: ya tuvimos una reforma judicial que ha originado un cambio profundo de nuestro sistema jurídico e institucional. En este contexto, ¿qué le exige realmente el Derecho al Estado cuando hablamos de educación? ¿Cree que puede el Derecho continuar siendo un instrumento efectivo de transformación social?
JRC: El mejor mecanismo que hemos inventado los seres humanos para tener convivencia social es el Derecho. Y necesitamos entender que, en este momento en el país, el Derecho no está pudiendo cumplir con sus funciones pacificadoras. Hay un apoderamiento específico por parte de quienes gobiernan para instrumentalizar el Derecho en favor de ellos. No es que esto no haya sucedido: el PRI lo instrumentalizó, el PAN también… Pero sí me parece que había algunos marcos, límites y reglas.
SG: ¿Qué papel cree que pueden desempeñar las familias, los maestros, las universidades y la sociedad civil?
JRC: Las organizaciones de la sociedad civil en el pasado tuvieron una enorme influencia porque aportaron datos y mostraron a los padres de familias que, mientras fuera la educación como es, sus hijos tendrían poquísimas posibilidades en la vida y aún peores condiciones socioeconómicas, culturales y materiales que sus padres y abuelos. Esto alertó a muchas personas. Puso la educación en el centro de la discusión; no así nadamás, sino de calidad. Es relevantísimo volver a discutir la educación de calidad en los espacios públicos. Las organizaciones de padres de familia y de estudiantes, las organizaciones no gubernamentales, y la sociedad civil en general, tienen que volver a decir cuáles son los parámetros de la educación que estamos recibiendo.
Se tiene que politizar —no partidizar— enormemente la educación como un tema de la vida cotidiana, así como hoy nos tienen preocupadas otras cosas (la inteligencia artificial, por ejemplo). Condenas a estos nuevos chicos a tener una vida precaria, porque no encontrarán ningún tipo de trabajo. Ya no digamos de calidad: no encontrarán salarios ni podrán realizar su proyecto de vida. Así, la escuela no tendrá ni un valor ni un peso significativo en tu modelo de vida y en el de nadie. Volvamos a traer la educación — o al componente de calidad de la educación— al centro de los debates.
Lo voy a resumir de forma muy brutal: al final del día, las personas que no han podido acceder se quedarán sin acceso en el futuro. Y más aún: los que han podido acceder no tendrán las calidades para desempeñar. Tiene que haber un componente meritocrático en la educación. La idea es dar bases a la mayor cantidad de personas en las mejores condiciones posibles, pero a partir de un piso meritocrático, no a partir de un piso general.
*Stephanie González. Abogada por el ITAM y maestra en Educación por Harvard Graduate School of Education, con experiencia en proyectos de impacto social y un compromiso con mejorar la calidad de la educación en México.
*José Ramón Cossío. Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional. Profesor en el Tecnológico de Monterrey.
@JRCossio
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