La crisis del desabasto y mala calidad del agua potable en Jalisco ha demostrado numerosos problemas en la administración pública mexicana. Por una parte, el evidente descuido o desinterés por dar mantenimiento al sistema de agua potable a nivel estatal en Jalisco. Un descuido no de hoy, ni responsabilidad exclusiva del actual gobernador, sino de años, cuando no décadas. La responsabilidad que sí corresponde al gobernador fue la de no de advertir a la población las condiciones en las que encontró el sistema al tomar posesión. ¿Fue el deseo de cubrir a su antecesor, Enrique Alfaro, miembro de su mismo partido?
En segundo lugar, la falta de cooperación por parte del gobierno federal con un gobernador de oposición. Seguramente la federación tenía información sobre la crisis que se avecinaba, ¿porqué no detonó un mecanismo de coordinación para evitar las afectaciones a la población? Es evidente que se trataba de debilitar un bastión opositor y dejar que se hundiera en el problema.
En tercera instancia, resulta notoria la injerencia de Morena y posiblemente del gobierno federal en las manifestaciones de la sociedad civil de Guadalajara. Si bien es verdad que la protesta tiene un origen plenamente legítimo, es claro que los agentes del oficialismo buscaron amplificar la protesta para que el daño a la imagen del gobernador fuera mayor. De nuevo, ¿cómo es posible que el gobernador no tuviera prevista esta jugada si lo mismo le sucedió a su predecesor? Tan luego como Enrique Alfaro intentó convertirse en una figura política nacional, Morena le montó manifestaciones, protestas y porros en la calle para desestabilizar su gobierno. Tal parece que la provincia no tiene capacidad alguna de enfrentar políticamente al centro, o bien no ha desarrollado habilidades e imaginación política para defenderse.
En cuarto lugar, el modelo legal del federalismo mexicano está agotado. Si suponemos que alguna vez funcionó bien, cosa harto discutible, ha quedado evidenciado como un mecanismo legalmente insuficiente para propiciar la cooperación y la asignación de responsabilidades claras. En la medida que el choque político ha sido la nota dominante, se hace patente la disfuncionalidad de un acuerdo legal para encauzar las diferencias entre estado y gobierno central. Lamentablemente, para efectos del desarrollo político a futuro, también demuestra una vez más, que los gobernadores, tanto el sexenio pasado como éste, serán incapaces de erigirse en referentes nacionales de la oposición, pues el gobierno federal puede neutralizarlos con mucha facilidad. Momento de repensar un federalismo más inteligente para el siglo XXI.
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