Todavía no comenzaba a rodar el balón mundialista en la inauguración el pasado jueves y el gobierno habría anotado un golazo a la sociedad, de manera casi imperceptible. La Ciudad de México ha sido un caos en los últimos días, las presiones de los muchos frentes agraviados manifestándose en marchas por distintos puntos convergiendo hacia el estadio Azteca no se hicieron esperar; sin embargo, el gobierno aprovechó la ocasión para anotar un gol en perjuicio de los gobernados. Haciendo un símil con el evento futbolístico, es como un gol al ángulo en contra de la sociedad.
En efecto, el martes por la tarde se publicó en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, una muy abultada reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con una diversidad de temas. Uno de los cambios fundamentales de esta reforma es que se posibilita el que la autoridad pueda promover un recurso de revisión fiscal para impugnar una decisión del Tribunal de Justicia Administrativa cuando se declare la nulidad del acto o resolución impugnada por vicios de forma o de procedimiento.
Pero ¿qué quiere decir esto en buen español? Hasta antes de esta reforma, cuando una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaraba la nulidad de un acto o resolución de la autoridad, ya fuera por vicios de forma o de fondo, eso ya era inimpugnable para la autoridad. Entonces, como consecuencia de ello, la autoridad debía hacerse responsable de sus propios errores, tanto de forma como de procedimiento, que hubieren provocado su nulidad, sin que hubiera posibilidad de reclamar la resolución.
Ahora, a partir de estos cambios, la autoridad podrá impugnar estas decisiones ante el Poder Judicial de la Federación, a través de las revisiones fiscales. Este punto, que podría parecer normal, debe verse a la luz de los cambios que se han suscitado recientemente en los que se han acotado de manera importante los medios de defensa de los ciudadanos. Acudir al juicio de amparo ahora es mucho más azaroso. La posibilidad de obtener una suspensión en amparo es igualmente compleja, las actuaciones de las autoridades cada vez se han blindado más del control judicial, como sucedió con el tema del bloqueo de cuentas por parte de la UIF que avaló la Suprema Corte de Justicia, en contravención de los derechos de la sociedad, que ahora tiene un mayor riesgo de verse afectado por este tipo de competencias.
Para acabar pronto, mientras que a la autoridad se le están dando recursos para poder alegar frente a sus propios errores y justificar su incompetencia en detrimento de los particulares, para el ciudadano los espacios de defensa cada vez son menos, de más difícil acceso y con un pronóstico mucho más azaroso. Las defensas de nuestra sociedad están cada vez más disminuidas, y el gobierno se procura, cada vez más y mejores armas para contrarrestar sus errores. Cómo dice el clásico, si el gobierno acosa cada vez a los particulares en lugar de salir en su defensa y apoyo, ¿quién podrá defendernos?
Recomendar Nota
