La FGR lo acusa de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia; aún está pendiente definir su vinculación a proceso
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La FGR lo acusa de desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia; aún está pendiente definir su vinculación a proceso
En silla de ruedas y bajo custodia federal, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano por orden del juez de control Mario Elizondo Martínez, quien le impuso prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa.
La decisión se tomó durante la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los elementos de su investigación contra quien gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aguirre deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras continúa el procedimiento judicial y se define su situación jurídica.
La medida cautelar no equivale a una sentencia. El exmandatario mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será el juez quien determine, con base en los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa, si existen condiciones para vincularlo a proceso.
La FGR sostiene que Aguirre tuvo responsabilidad en el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas. La investigación se concentra, entre otros elementos, en videos de cámaras de seguridad que pudieron registrar movimientos de los estudiantes y de los vehículos en los que viajaban durante la noche de Iguala.
Además, la Fiscalía sostiene que esas imágenes existían y que fueron retiradas u ocultadas deliberadamente. La acusación busca establecer quién ordenó desaparecer el material y qué funcionarios participaron en esa operación.
El expediente también retoma declaraciones de personas que han colaborado con las autoridades y que, de acuerdo con la investigación, aportaron información sobre el destino de las grabaciones.
El caso de los videos resulta relevante porque las imágenes podrían aportar información sobre lo ocurrido con los normalistas antes de que fueran entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
La desaparición de los estudiantes ha generado distintas investigaciones federales durante casi 12 años. Las autoridades han revisado nuevamente actuaciones de funcionarios estatales y federales que participaron en las primeras diligencias del caso.
El exgobernador compareció en silla de ruedas ante el juez. Su condición física formó parte de la audiencia y deberá considerarse para determinar las condiciones de su permanencia en el centro penitenciario federal.
La prisión preventiva significa que Aguirre permanecerá privado de la libertad durante el desarrollo de esta etapa judicial. No se trata todavía de una condena.
La defensa podrá presentar argumentos y recursos contra las decisiones que considere contrarias a los derechos de su cliente.
La acusación ocurre a unas semanas de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, un caso que durante los últimos años ha mantenido abiertas distintas líneas de investigación.
El nombre del juez Mario Elizondo Martínez también aparece en otro expediente de relevancia nacional.
Elizondo Martínez, juez de control federal, fue quien negó una solicitud de orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dentro de la investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal.
En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República había solicitado órdenes de captura contra varias personas. El juez consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público no eran suficientes para justificar las aprehensiones solicitadas.
Posteriormente, la Fiscalía volvió a presentar su solicitud ante otro juzgado que se encontraba de guardia. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega autorizó las órdenes de aprehensión y posteriormente el expediente quedó relacionado con el juzgado de Elizondo Martínez.
El antecedente coloca al mismo juzgador frente a dos investigaciones que involucran a exgobernadores y que han generado atención política y judicial.
En el caso de Aguirre, Elizondo Martínez sí consideró procedente imponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, por lo que el exmandatario fue trasladado al penal del Altiplano.
Aguirre dejó la gubernatura de Guerrero en octubre de 2014, pocas semanas después de la desaparición de los estudiantes. Desde entonces, su nombre ha aparecido en distintas investigaciones y señalamientos relacionados con la actuación de las autoridades estatales durante la crisis de Iguala.
La acusación que ahora enfrenta tiene un punto específico: la presunta desaparición u ocultamiento de evidencia que podía ayudar a esclarecer los hechos.
La FGR deberá acreditar ante el juez la participación que atribuye al exgobernador y sostener sus acusaciones con pruebas durante las siguientes etapas del proceso.
La defensa, por su parte, tendrá que controvertir esos elementos y buscar que Aguirre enfrente el proceso en libertad o que el juez determine que no existen elementos suficientes para continuar con la acusación.
Por ahora, el exgobernador permanece en el Altiplano. La investigación judicial vuelve a colocar bajo escrutinio las decisiones tomadas desde el gobierno de Guerrero durante los primeros días posteriores a la desaparición de los 43 normalistas.
El siguiente punto será la audiencia en la que se determine si Aguirre queda vinculado a proceso. Hasta entonces, la prisión preventiva es la medida cautelar vigente y no una declaración de culpabilidad.
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