Una historia siniestra. En el uso de la soberanía como coartada de delincuentes, si la deposición de la presidenta hubiera sido en una instancia jurisdiccional, podría haber caído en perjurio, al quebrantar el juramento de apegarse a la verdad y cumplir y hacer cumplir la ley. En realidad, la gobernante ha caído en una doble trampa de contradicciones. Porque con eso de que no hay pruebas y por tanto desconoce las conductas -archiconocidas- de Rocha y su banda, la presidenta estaría incurriendo en incompetencia para el cargo. Pero si acepta conocer las fechorías (como parecería indudable, pues obligó al gobernador a pedir licencia) y en realidad pretende ocultarlas, estaría incurriendo en encubrimiento o complicidad. De ese tamaño sería la responsabilidad en que estaría comprometiendo su investidura al colocarse en el primer plano de una historia siniestra.
Testigo de descargo. Sus estentóreas invocaciones a la soberanía nacional parecieron coartadas insostenibles. Palabrería ‘patriótica’ a manera de prueba de descargo frente a la cascada de evidencias de acciones y omisiones punibles de destacados personajes del régimen. Sus motivos o razones tendrá, pero la presidenta debería saber que podría incurrir en responsabilidades internacionales, como testigo de descargo, a sabiendas de la conducta de los perpetradores de inocultables (en primer lugar, para ella) delitos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Cinismo. Y se necesita tener la cara muy dura -endurecida por el cinismo- para argumentar que los políticos del régimen procesados por narcoterrorismo y solicitados en extradición por Estados Unidos deben ser investigados y juzgados aquí. Sí. Por una fiscal conectada las 24 horas a Palacio y por un Poder Judicial sometido al régimen al grado de que el presidente de la Corte concurrió y estuvo abajo -en todos los sentidos- de la presidenta en el acto del partido oficial, apoderado de los poderes constitucionales.
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