Paradojas. Cada acto político, judicial y comunicacional acerca más al régimen a una dictadura plena, contra libertades y derechos ciudadanos. Y cada retraso en la apremiante reordenación fiscal y la urgente reapertura de la economía -o cada medida como la destrucción del Poder Judicial- lo aproximan, además de a la dictadura, a la bancarrota. Y en este caso, para qué abundar en los efectos devastadores sobre la población. Dictadura y bancarrota van de la mano, como se puede ver en los países de América Latina arruinados por regímenes dictatoriales. Paradójicamente, cada clausura de una libertad o de un derecho confirma el temor, la inseguridad y, a la postre, la fragilidad del régimen. En particular, ante el ajuste de cuentas que viene del norte sobre narcogobiernos estatales y algunas zonas del gobierno central, condición que Washington identifica como ataques a la salud de sus jóvenes y como riesgos para la seguridad de su país.
Un mensaje ominoso. A ello se agrega la persecución contra la gobernadora de Chihuahua para penalizar operaciones exitosas anticárteles, con la cooperación de una agencia estadounidense con la que el Ejército federal ejecutó al poderoso líder del Cártel de Jalisco, en medio de un hermetismo que dio lugar a versiones de una participación estadounidense directa. Incompetencia y contradicciones son hoy exhibidas, desde la redacción de un citatorio de la fiscalía carente de los datos esenciales requeridos. Cierto. La gobernadora logró abortar el proyecto de traerla de barandilla en barandilla con fines electorales. O para desviar la atención de los narcopolíticos oficiales expuestos mundialmente. Pero otro mensaje que deja la persecución contra la gobernadora es que los estados no deben alterar el plan central de un combate, vistoso, sí, pero limitado y selectivo, contra el narco, dictado por las presiones del poderoso sector delincuencial del régimen.
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