En poco más de 24 horas, unas 70 mil personas procedentes de Marruecos —según diversas fuentes— irrumpieron por tierra y mar en la ciudad española de Ceuta, de apenas 80 mil habitantes, provocando con ello una aguda crisis migratoria y una grave violación de la soberanía española.
Es difícil de creer que tal tropel se haya producido sin, al menos, la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El número de muertos asciende ya a 88, entre ellos varios menores, la mayor parte ahogados al intentar entrar a nado.
El flujo masivo estuvo impulsado por desinformación y rumores virales que circularon en redes sociales, bulos que prometían un acceso franco a Europa, combinados con la presión estructural de las redes de tráfico de personas.
Aunque Rabat atribuyó el éxodo a las mafias, diversos expertos han señalado la permisividad o relajación de los controles fronterizos como un mecanismo discrecional de presión en las relaciones internacionales.
Rabat ya había utilizado ese recurso en 2021, después de que España permitiese la entrada de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario para ser intervenido quirúrgicamente en un hospital español. En represalia, Marruecos abrió las compuertas fronterizas y dejó que 10 mil marroquíes entrasen a Ceuta y Melilla.
La noción de migración como mecanismo de presión, o weaponized migration, describe cómo los flujos migratorios pueden utilizarse como estrategia de influencia, tensión o presión política entre naciones, al poner a prueba los límites fronterizos, las capacidades económicas y los lazos diplomáticos.
La crisis dejó un centenar de víctimas mortales en el mar y desbordó por completo los recursos de la ciudad autónoma, saturando los centros de acogida y afectando severamente a los menores no acompañados. El despliegue del Ejército español y la rápida repatriación subsecuente permitieron el retorno de la mayoría de los migrantes a territorio marroquí, aunque los campamentos improvisados y la tensión social resultante persistieron.
El episodio desató una fuerte tormenta política dentro de la Unión Europea. Mientras el gobierno de España intentaba gestionar la emergencia humanitaria, socios comunitarios como Finlandia criticaron su gestión, mientras que Italia cuestionó la solidez del acuerdo de libre tránsito de Schengen, imponiendo unilateralmente su suspensión y reintrodujo los controles fronterizos a vuelos y embarcaciones procedentes de España, evidenciando, una vez más, la falta de una política europea común sobre migración.
La crisis también fue utilizada por distintos actores internacionales para proyectar sus propias agendas políticas. El incidente dio lugar a acusaciones infundadas sobre cómo la política de Sánchez, favorable a la inmigración, había alentado “la invasión”, hasta una serie de especulaciones de carácter conspiratorio, según las cuales el aluvión habría sido parte de una conjura entre Tel Aviv, Washington y Rabat para desestabilizar la presidencia de Sánchez.
Es cierto que Rabat ha cultivado relaciones con el gobierno de Trump, en tanto que Madrid se ha distanciado de él. Igualmente verdadero es el hecho de que de manera individual, funcionarios como el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aprovecharon la crisis para acusar a España -falsamente- de “mantener enclaves coloniales en el norte de África”, en abierta referencia a las censuras del gobierno de España contra su país, en el marco de la guerra de Gaza, pero de allí a inferir un contubernio hay largo trecho.
En todo caso, el monarca marroquí mostró más astucia que Sánchez y reveló cómo la migración puede ser un arma a la hora de la negociación.
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